Una vez más, la tranquilidad de una comunidad del interior fue quebrantada por un violento asalto comando. Naranjal, en el departamento de Alto Paraná, amaneció conmocionada tras un atraco con explosivos que despojó a una sucursal bancaria de G. 2.800 millones en apenas cinco minutos. Lo preocupante es que no se trata de un caso aislado. San Cristóbal, Cruce Liberación, Pirapó y Ciudad del Este ya figuran en la lista negra de localidades afectadas por el accionar de bandas criminales con características similares: violencia extrema, organización precisa y un profundo conocimiento del entorno.
El caso de Naranjal evidencia nuevamente la vulnerabilidad de las localidades del interior, que, pese a su desarrollo y esfuerzo, carecen de recursos adecuados para enfrentar amenazas de esta magnitud. Son comunidades trabajadoras, mayoritariamente pacíficas, que ahora viven con el temor de ser el próximo blanco de estas organizaciones.
Resulta preocupante que los criminales no solo logren llevarse millonarios botines, sino que también se adueñen de la calma y la seguridad de toda una población. En los videos que circularon en redes sociales, quedó en evidencia la frialdad con que actuaron los delincuentes, sometiendo a sus víctimas y ejecutando el robo con un control total de la situación.
A pesar de las alertas sobre posibles asaltos en Alto Paraná e Itapúa, el golpe en Naranjal no pudo evitarse. Este no es un problema exclusivo de la policía local. La falta de equipamiento, personal capacitado y estrategias integrales de seguridad dejan expuestas a las comunidades. Las localidades más afectadas comparten características: zonas rurales, pequeñas dotaciones policiales y sucursales bancarias que se convierten en atractivos objetivos.
La lista de ataques nos muestra un patrón evidente, por lo que los organismos de seguridad podrían actuar de forma preventiva y proactiva estableciendo un mapa de zonas vulnerables y reforzarlas.
El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, especialmente en aquellas comunidades que, por su aislamiento, son más propensas a ser atacadas. Se requiere una respuesta contundente y sostenida. Además de la investigación y captura de los responsables, los organismos de seguridad deben avanzar en la implementación de medidas preventivas.
Esto incluye un plan de seguridad integral que contemple el refuerzo de las comisarías en zonas críticas, dotación de tecnología moderna, capacitación de personal y cooperación entre las fuerzas públicas. No menos importante es la regulación y supervisión de las entidades bancarias para asegurar que sus sistemas de seguridad sean acordes al nivel de riesgo.
La tranquilidad de nuestras laboriosas localidades del interior no puede ni debe ser perturbada por ningún tipo de organización delictiva. Paraguay no puede permitir que la violencia y el crimen organizado sigan arrebatando la seguridad de sus comunidades.
