Un nuevo caso de grave accidente en la ruta Luque-San Lorenzo vuelve a poner en evidencia la crisis estructural de seguridad vial que enfrenta nuestro país. Apenas una semana después de la tragedia que cobró la vida de casi toda una familia, nos enfrentamos nuevamente a un escenario donde la imprudencia y el alcohol derivaron en una tragedia
En un editorial anterior habíamos señalado la necesidad de aumentar las penas para los conductores irresponsables. Un senador de la nación efectivamente está impulsando ahora esta iniciativa. Sin embargo, no podemos ignorar el problema de fondo: en más de 260 municipios del país, las licencias de conducir se entregan sin garantizar que los solicitantes cumplan con los requisitos básicos de aptitud y conocimiento. Solo Asunción, la capital del país, somete a los conductores a evaluaciones reales antes de otorgar este permiso, mientras en el resto del país, el trámite se limita a una pura transacción comercial de venta de licencia.
Conducir un vehículo no es un derecho automático; es una responsabilidad que exige preparación, respeto por las normas y conciencia de los riesgos. De continuar esta comercialización indiscriminada de licencias, ningún endurecimiento de penas será suficiente para frenar esta epidemia de accidentes.
La solución debe ser integral: controles rigurosos, exámenes obligatorios y sanciones ejemplares para quienes arriesgan vidas en las rutas. Es hora de que las autoridades asuman su responsabilidad y detengan esta cadena de complicidad. Alguna vez hay que parar este carnaval y ordenar la casa, permitiendo solamente a quienes demuestren pericia y conocimientos, tengan el permiso de salir a nuestras calles al mando de un vehículo.
