La propuesta de crear un Consejo de Políticas de Infraestructura, presentada en el Foro Latinoamericano de Infraestructura y avalada por el presidente Santiago Peña, puede representar un paso realmente innovador en la gestión pública de Paraguay. Es la primera vez, desde la transición democrática, que se plantea la necesidad de una política de infraestructura enfocada en los intereses de la nación antes que en los de los actores empresariales del sector vial.
Paraguay, con sus vastas regiones aún desconectadas y con potencial económico inexplorado, necesita urgentemente políticas que promuevan obras de infraestructura que verdaderamente respondan a un plan nacional.
Los ejemplos recientes de infraestructura, como el corredor Bioceánico y el puente de la Integración, aunque prometen desarrollo y conectividad, responden a iniciativas concebidas y gestadas fuera de nuestras fronteras. En muchos casos, la planificación y ejecución de estos proyectos carecen de la visión integradora que una política de infraestructura nacional podría ofrecer. El puente de la integración, por ejemplo, permanece sin ser utilizado pese a estar terminado, debido a la ausencia de obras complementarias que faciliten su uso, un claro ejemplo de cómo la falta de coordinación y planeación nacional afecta los beneficios para el país.
El presidente Peña ha resaltado la intención de fortalecer el modelo de Alianza Público-Privada (APP) para hacer más ágiles y atractivos los proyectos de infraestructura. Con un marco normativo que facilite la inversión privada, el Gobierno busca atraer capitales para obras prioritarias. No obstante, las APP deben estar enmarcadas en una visión integral de desarrollo que no privilegie únicamente los intereses de las empresas, sino que priorice los objetivos nacionales.
Un Consejo de Políticas de Infraestructura permitirá establecer esta visión integral, garantizando que cada proyecto de construcción esté alineado con un plan de país. Infraestructuras en zonas rurales, aisladas o de difícil acceso podrán convertirse en una realidad, promoviendo el desarrollo en áreas olvidadas y conectando regiones con alto potencial económico. Más allá del aspecto técnico, este Consejo es vital para la soberanía: es una herramienta que puede asegurar que nuestras infraestructuras no solo respondan a un desarrollo económico inmediato, sino que contribuyan a la preservación de los intereses y necesidades del Paraguay a largo plazo.
Con esta propuesta, la administración de Santiago Peña tiene la oportunidad de construir un legado en infraestructura que no solo transforme la movilidad y el desarrollo económico del país, sino que también consolide la soberanía y la proyección de Paraguay en la región.
