El nuevo caso aplazo masivo de docentes en los exámenes de evaluación organizados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) vuelve a exponer una problemática que, aunque no nueva, alcanza niveles alarmantes. Los resultados de estas pruebas, donde entre el 50% y el 76% de los examinados no alcanzaron la nota mínima, han suscitado una búsqueda de explicaciones y justificaciones, tanto por parte de los sindicatos docentes como de los representantes de instituciones de formación.
Sin embargo, más allá de las observaciones sobre el formato de los exámenes y los temas incluidos en ellos, el fondo de la cuestión es mucho más grave: la debilidad estructural de la educación paraguaya, alimentada por una formación docente que, evidentemente, no cumple con los estándares mínimos de calidad.
Desde el gremio de directores, Miguel Marecos, del Sindicato Nacional de Directores (SINADI), planteó que los contenidos evaluados no formaron parte de la malla curricular que estos docentes recibieron en los institutos de formación. Este dato no menor, pues, señala directamente a las instituciones de formación docente, que parecen no estar a la altura de los conocimientos y competencias que un educador debe poseer.
A esta afirmación se suman las quejas sobre el cambio de formato —pasando de un examen escrito y oral a uno únicamente oral—, lo que algunos consideran una evaluación incompleta. No obstante, cualquiera que sea el formato, el nivel de conocimiento demostrado deja mucho que desear y pone de relieve una triste realidad: muchos de nuestros futuros maestros y profesores carecen de la preparación adecuada para afrontar los desafíos de la educación en el siglo XXI.
El objetivo del MEC con estas evaluaciones es identificar a los mejores docentes, aquellos que puedan ser puntales de una reforma educativa urgente y profunda. La creación de un Banco de Datos de Docentes Elegibles debería permitir al Ministerio contar con un equipo de calidad que impulse una mejora del sistema educativo nacional.
Sin embargo, el balance final de estas evaluaciones arroja un resultado preocupante: más del 65% de los postulantes no calificó. Este índice de aplazo, lejos de ser una simple cifra, es un reflejo de años de permisividad y falta de control en los centros de formación docente y en las universidades que otorgan licenciaturas en Educación.
Es aquí donde la sociedad debe volcar su atención. No podemos permitir que el nivel de exigencia siga cayendo y que nuestros futuros maestros salgan de las aulas de formación con una preparación deficiente. La educación es la piedra angular del desarrollo de una nación, y si la base de esta estructura —los docentes— es débil, el sistema entero está en riesgo de colapso.
Urge, entonces, que el MEC no solo se limite a evaluar a los docentes, sino que también extienda esta rigurosidad a las instituciones que los forman. Debería llevarse a cabo una evaluación exhaustiva y transparente de estos centros, pues aquellos que no cumplan con los requisitos de calidad mínimos deberían ser sometidos a una revisión profunda o, en última instancia, clausurados.
