La sanción impuesta por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) a quienes provocaron el devastador incendio en el Cerro Chovoreca, en el Chaco Paraguayo, marca un precedente histórico en la defensa de nuestros recursos naturales. La multa de 20.000 jornales mínimos no solo busca castigar, sino también señalar la gravedad de los delitos cometidos en contra del ambiente y la vida silvestre. A esta acción se suma la imputación del Ministerio Público contra los responsables directos, exigiendo así que las investigaciones profundicen para determinar la responsabilidad completa de quienes, con prácticas destructivas, causaron daños irreparables.
Durante semanas, el país entero fue testigo de los esfuerzos titánicos por controlar el incendio, que arrasó con 200.000 hectáreas de bosques y destruyó hábitats únicos en el Chaco. La ayuda internacional, junto al trabajo incesante de bomberos, militares y voluntarios, fue vital para mitigar el impacto de un fuego que avanzaba cada vez más, en nuestro territorio y conciencia.
El caso de los incendios en el Chaco debe convertirse en emblemático, para que sirva como una enseñanza para la sociedad y en una advertencia para quienes aún creen que los crímenes ambientales quedarán impunes.
Es fundamental que el proceso judicial avance de manera transparente y firme, porque solo mediante una justicia que castigue de forma ejemplar podremos sentar las bases de una verdadera cultura de protección y respeto por el ambiente. Durante años hemos sido testigos de la destrucción de nuestros recursos naturales. Es momento de que cada sanción, cada imputación y cada acción sean comunicadas con claridad a la ciudadanía para crear consciencia y desalentar estas prácticas nefastas.
El daño al Chaco no puede ser revertido. Sin embargo, lo que sí podemos construir es una sociedad más informada y consciente de que el ambiente no es un recurso eterno, y de que cada acto de destrucción tiene consecuencias que todos sufriremos.
