El gobierno de Mario Abdo Benítez dejó numerosas sombras, pero sin duda, la más grave y peligrosa fue el fortalecimiento del Clan Rotela en las cárceles del país, y su expansión hacia los barrios populares. Esta organización criminal, liderada por Armando Javier Rotela, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Emboscada, ha logrado corromper no solo las instituciones penitenciarias, sino también a sectores vulnerables de nuestra sociedad, reclutando jóvenes y adolescentes para el crimen organizado.
Un episodio reciente en Lambaré dejó en evidencia el alcance de esta problemática. En un enfrentamiento entre facciones del Clan Rotela y el Primeiro Comando da Capital (PCC), dos jóvenes fueron asesinados: uno de ellos tenía 20 años y el otro un adolescente de 14. Lo más alarmante es que este conflicto se inició por una provocación en redes sociales, una transmisión en vivo en TikTok, donde los jóvenes del PCC desafiaron a los miembros del Clan Rotela. Este hecho revela cómo las plataformas digitales están siendo utilizadas por las organizaciones criminales para exhibir su influencia y sumar nuevos adeptos.
La tragedia no terminó ahí. Tras el doble homicidio, la Policía emprendió una serie de operativos en Lambaré, logrando la captura de varios jóvenes involucrados, algunos apenas adolescentes, que portaban armas de fuego y participaban activamente en los crímenes del Clan Rotela. Este patrón se ha vuelto constante: los reclutas son cada vez más jóvenes, y su participación en el crimen organizado es cada vez más abierta y peligrosa.
Este fenómeno no es exclusivo de Paraguay. Las experiencias de países como Colombia, México, Brasil y El Salvador demuestran cómo la falta de acción oportuna por parte del Estado permite que el crimen organizado gane terreno en sectores vulnerables de la población. En Brasil, las favelas están dominadas por pandillas que controlan el tráfico de drogas y armas. En El Salvador, las pandillas han sembrado el terror en las calles, convirtiendo al país en uno de los más violentos del mundo.
El camino de Paraguay no debe ser ese. No podemos permitir que nuestras calles se transformen en zonas de guerra entre facciones criminales. El Estado debe actuar con firmeza para cortar de raíz esta situación. Las instituciones de seguridad, justicia y protección de menores tienen una responsabilidad fundamental en este desafío. Los jóvenes y niños son el futuro de nuestra nación, y es inaceptable que sean utilizados como carne de cañón por organizaciones criminales que buscan sembrar el terror y la violencia.
Las autoridades no pueden ser condescendientes con estos grupos. La ley debe aplicarse con todo su rigor, y las políticas de prevención deben fortalecerse para evitar que más jóvenes caigan en las garras del crimen. La educación, el acceso a oportunidades y la protección de la niñez deben ser pilares fundamentales en la lucha contra el reclutamiento de menores por el crimen organizado.
Paraguay está en un punto de inflexión. O tomamos medidas contundentes ahora, o nos arriesgamos a que el problema se agrave y tenga consecuencias aún más graves para nuestra sociedad.
