El contrabando en Paraguay es casi una institución, presente de manera cotidiana frente a las mismas oficinas de las instituciones del Estado, donde en plena vía pública se comercializan productos ingresados de forma ilegal. Lo que alguna vez pudo considerarse una actividad marginal, hoy en día se ha transformado en el sustento principal de muchas familias, especialmente cuando hablamos de contrabando en pequeña escala.
Paralelamente, existe un contrabando a mayor escala, llevado a cabo por empresarios que han construido verdaderos imperios sobre la base del ingreso ilegal de productos, impulsados por la permeabilidad de nuestras fronteras y la descontrolada corrupción en las filas de quienes deberían velar por el control.
En las últimas semanas, volvió a ser noticia la preocupación expresada por productores y autoridades sobre el ingreso de productos frutihortícolas. Este ciclo vicioso se repite constantemente, perjudicando a la producción nacional. No es solo un tema de competencia desleal; es una situación que afecta la economía local y las familias campesinas que dependen del cultivo y comercialización de productos frescos. El contrabando frutihortícola, debido a su alto impacto, se ha convertido en un golpe directo a los sectores más vulnerables de la población paraguaya.
La agricultura en Paraguay está sujeta a múltiples desafíos, desde las inclemencias del clima hasta la falta de infraestructura adecuada. Sin embargo, hoy en día, el contrabando se ha convertido en un enemigo aún más letal. Como lo ha señalado recientemente el ministro de Agricultura, “ni siquiera la sequía preocupa tanto como el contrabando”.
Las cifras son alarmantes. Solo en el último año, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) reportó incautaciones por 20 millones de dólares provenientes del comercio ilegal, de los cuales 16 millones corresponden a productos frutihortícolas. Estas cantidades astronómicas evidencian la magnitud del problema y la imperiosa necesidad de una lucha frontal y sin tregua. Pero la batalla no debe limitarse a las incautaciones. Es imprescindible sancionar a aquellos funcionarios y empresarios que se benefician de este comercio ilegal, y fortalecer los controles en los puntos fronterizos más vulnerables.
El trasfondo de esta problemática es complejo. La realidad es que un producto ingresa de contrabando porque en el país vecino se produce en abundancia y a un menor costo. Esto nos lleva a la conclusión de que la mejor manera de combatir el contrabando no es únicamente endureciendo los controles, sino fomentando y mejorando la producción nacional.
Debemos producir en cantidad, calidad y a precios competitivos para que el mercado local no tenga que recurrir a productos foráneos. Para esto, es fundamental que la asistencia técnica a los productores frutihortícolas se convierta en una política de Estado. El acompañamiento continuo, la inversión en tecnología agrícola y el fortalecimiento de las capacidades productivas son las claves para generar una verdadera competencia en el mercado y desalentar el contrabando.
