El asalto a un camión repartidor de pollos por un grupo de adolescentes en las calles 32 Proyectadas y Brasil, protagonizado por niños entre 12 y 13 años, es un llamado de alerta que no debe pasar desapercibido. No se trata de un simple acto delictivo, sino de un síntoma alarmante de la realidad social que se vive en las periferias de Asunción. Los asentamientos informales que proliferan en la ciudad, a menudo promovidos por políticos, se han convertido en un caldo de cultivo para todo tipo de delincuencia.
Estos núcleos poblacionales, donde residen los jóvenes involucrados en el asalto, están marcados por la precariedad y por la creciente influencia de distribuidores de drogas y microtraficantes que ven en los niños y adolescentes mano de obra fácil de manipular.
El caso del asalto debe generar la intervención inmediata de las instituciones de seguridad, pero también de los organismos sociales que trabajan en la protección de la niñez y adolescencia. Este tipo de actos tiende a expandirse rápidamente por imitación, y si no se toman medidas urgentes, la situación puede empeorar. La realidad es que la violencia en estos asentamientos no es un problema aislado, sino la consecuencia de una urbanización descontrolada que sigue sin ser atendida.
Los asentamientos informales, que albergan a miles de familias, siguen creciendo descontroladamente. Al no contar con una estructura formal, se convierten en áreas propicias para la inseguridad y la violencia. La solución no es únicamente represiva; las autoridades deben buscar regularizar y formalizar estas zonas. De lo contrario, estamos ante una bomba de tiempo que explotará con consecuencias mucho más graves y difíciles de controlar.
