Una preocupante escalada en los casos de sicariato se está registrando en el país en los últimos meses. Hace apenas unas semanas, un hombre fue abatido por sicarios en pleno centro de Capiatá; días después, otro caso estremeció Encarnación, y ayer, la violencia alcanzó Benjamín Aceval. Si bien el país ha sido testigo de enfrentamientos entre narcotraficantes en el pasado, estos incidentes solían ser esporádicos y circunscritos a las conocidas zonas rojas, donde la violencia, lamentablemente, se percibía casi como algo «normal».
Sin embargo, lo que resulta verdaderamente alarmante hoy en día es la frecuencia con la que estas ejecuciones ocurren y, sobre todo, su expansión a áreas tradicionalmente tranquilas, ajenas a esta dinámica de violencia.
Es un hecho conocido que el narcotráfico emplea la violencia como su principal herramienta de control. Lo más grave es que no solo ha infiltrado las estructuras institucionales del país, como quedó evidenciado recientemente con la detención de un policía por proteger a un poderoso narcotraficante, sino que también ha afectado a prácticamente todas las comunidades. Ya no hay distrito o pueblo libre de este flagelo.
La experiencia de países como México y Colombia nos enseña que la espiral de violencia que el narcotráfico genera no tiene límites si no se actúa de manera firme y coordinada. Es fundamental que el Estado paraguayo refuerce sus estrategias de lucha contra el narcotráfico, implementando un plan integral que abarque no solo la persecución de los grandes capos, sino también los delitos conexos que cada vez agravan más la situación de inseguridad.
Es momento de actuar con contundencia y garantizar el respaldo total a las instituciones y actores que enfrentan esta batalla, ya que los narcotraficantes acumulan un poder que puede llegar a poner en jaque nuestra democracia y la paz social. Tal vez aún estemos a tiempo de frenar esta espiral de violencia, pero el margen de acción se reduce con cada sicariato que golpea nuestras calles.
