Se cumplen dos meses desde las elecciones en Venezuela, una jornada marcada por el fraude, la falta de transparencia y un evidente control autoritario que ha dejado a los venezolanos, sin esperanzas de cambio. El dictador Nicolás Maduro, lejos de ceder a los llamados globales por democracia y derechos humanos, continúa desafiante, ignorando las múltiples demandas de los países democráticos.

Nuestro país, Paraguay, con el peso de su historia bajo dictaduras, ha sido claro en su posición. El día de ayer, durante la reunión en Nueva York, liderada por Antony Blinken, el ministro Rubén Ramírez Lezcano reiteró el compromiso paraguayo: elecciones transparentes y respeto irrestricto a los derechos humanos en Venezuela. Esta postura no es solo un acto diplomático, sino una respuesta empática de un pueblo que ha sufrido la represión y el exilio, al igual que los millones de venezolanos que hoy buscan refugio por todo el planeta.

La diáspora venezolana es un recordatorio viviente de los horrores de un régimen que ha desmantelado las instituciones democráticas. Paraguay ha recibido a muchos de estos migrantes, quienes, como más de 8 millones de sus compatriotas, se han visto obligados a abandonar su patria. La represión, persecución y violencia política continúan impulsando esta ola migratoria que no da señales de detenerse.

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Los países democráticos tienen una responsabilidad histórica. No basta con declaraciones y reuniones de alto nivel. Se debe redoblar la presión sobre el régimen de Maduro, tanto en lo diplomático como en lo económico, para que el dictador no continúe prolongando una situación que viola los derechos humanos fundamentales de millones de personas. La comunidad internacional, como expresó en Nueva York, debe mantenerse firme en su reclamo por el retorno de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un actor clave para monitorear las violaciones que sufren los venezolanos.

La presión internacional no debe ceder hasta que el régimen chavista permita una transición política pacífica y restablezca las instituciones democráticas, para que el pueblo venezolano pueda finalmente decidir su futuro sin miedo ni coacción.