El operativo en la frontera entre Paraguay y Brasil, que descubrió a 15 menores sin los documentos migratorios exigidos, es un recordatorio de la vulnerabilidad de nuestra juventud en zonas limítrofes. El constante flujo de personas entre ambos países genera un ambiente propicio para actividades delictivas como el tráfico de personas y la trata de menores.
En este caso, aunque los familiares argumentaron que el cruce es parte de su rutina diaria, no pueden ignorar los riesgos que esto implica. Es innegable que esta zona es un punto crítico para las organizaciones criminales que reclutan menores para el tráfico ilegal de mercancías y otros fines más oscuros.
Varias operaciones internacionales han revelado la magnitud del problema, con compatriotas víctimas de estas redes que fueron captadas en nuestra propia frontera. Las condiciones económicas de muchas familias las empujan a cruzar la frontera en busca de sustento, pero esto no debe servir de excusa para tolerar la falta de documentación adecuada, sobre todo cuando se trata de menores.
Los controles realizados por instituciones como Migraciones, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA) y la Policía Nacional deben ser continuos y fortalecidos. Si bien es necesario un registro de quienes cruzan regularmente por motivos laborales, no podemos permitir que la falta de vigilancia siga siendo un terreno fértil para el crimen organizado.
Al mismo tiempo hay que insistir en que las autoridades locales refuercen estas iniciativas con campañas educativas y preventivas, enfocadas en advertir sobre los peligros de la trata de personas. Solo con una estrategia integral y coordinada podremos garantizar la seguridad de nuestros niños y adolescentes, evitando que caigan en manos de redes criminales.
