Casi en simultáneo con el anuncio del presidente Santiago Peña sobre una inversión histórica en materia de seguridad, ocurría un caso de sicariato en pleno centro de Capiatá, donde una persona fue asesinada a sangre fría. Este contraste pone de manifiesto el desafío profundo y complejo que enfrenta nuestro país: el avance del crimen organizado.
El presidente Peña dejó clara su voluntad de combatir el crimen organizado de manera frontal. Con una inversión de 500 millones de dólares para fortalecer la seguridad, la administración busca dotar a las fuerzas policiales de los recursos necesarios para enfrentar esta amenaza.
Sin embargo, como hemos visto en experiencias dolorosas de países como Colombia y México, la respuesta del Estado no puede limitarse a una mayor presencia policial y mejor equipamiento. La lucha contra el crimen organizado exige una acción conjunta y decidida de todas las instituciones del Estado.
El nuevo caso de sicariato a plena luz del día y ante testigos, es una muestra de que el crimen organizado ya no se esconde en las sombras. Se siente en las calles, a la vista de todos, en un clima de impunidad que fomenta la violencia. Sabemos por la historia de otras naciones que, cuando el Estado falla en detener a tiempo el avance de estas organizaciones, las consecuencias son devastadoras. No solo pierden vidas inocentes; la estructura misma de la sociedad comienza a desmoronarse bajo el peso de la corrupción, la intimidación y la violencia.
La lucha contra este flagelo no puede depender exclusivamente del Poder Ejecutivo o de las fuerzas de seguridad. Instituciones claves como el Ministerio Público y el Poder Judicial deben asumir un papel activo y comprometido. De poco sirve una policía bien equipada si la justicia no actúa con la misma determinación para investigar, procesar y condenar a los responsables. Tampoco podemos olvidar la necesidad de una colaboración internacional firme, como ha señalado el propio presidente Peña, dado que el crimen organizado no respeta fronteras.
Es momento de actuar con firmeza, de lo contrario, corremos el riesgo de que esta amenaza se convierta en una bomba de tiempo que podría estallar en cualquier momento, desbordándose la violencia en nuestras calles.
Hoy más que nunca, la unidad de todos los sectores de la sociedad es clave para enfrentar este desafío. La seguridad es un factor clave para el desarrollo de una sociedad y el Paraguay se encuentra en un proceso de cambios históricos, que no debe ser empañado por intereses de organizaciones delictivas, que destruyen vidas y sueños.
