La presentación del proyecto de reforma del sistema de transporte público por el Viceministerio de Transporte puede ser catalogado como un paso trascendental para mejorar un servicio que afecta diariamente a miles de paraguayos. El proyecto, que incluye medidas innovadoras como la electromovilidad, la implementación de carriles exclusivos y la creación de un sistema de transbordo tarifario, apunta directamente a mejorar la eficiencia y calidad del servicio en favor de los usuarios.
Sin embargo, más allá de la modernización técnica, esta iniciativa tiene un trasfondo más profundo: romper con la histórica dependencia de los subsidios y el chantaje empresarial que ha caracterizado al transporte público de nuestro país.
Durante décadas, los empresarios del transporte han monopolizado el servicio, utilizando su poder para extorsionar al Estado y a los usuarios con amenazas de paros o exigencias de aumentos en los subsidios y tarifas de pasajes. La implementación de figuras jurídicas, como la de “bienes afectados al servicio”, parece ser una medida acertada para asegurar que los ómnibus continúen operando, independientemente de las crisis económicas o legales que puedan enfrentar las empresas. Esto apunta a a garantizar que el servicio público no se detenga bajo presión de intereses privados.
Otro punto importante del proyecto es la incorporación de prácticas ya probadas en ciudades como Curitiba, Brasil, cuyos sistemas de transporte han sido objeto de numerosas visitas de intendentes y autoridades paraguayas, aunque esos “aprendizajes” no se han traducido en acciones concretas en nuestro país.
Todas estas innovaciones, sumadas a la instalación de 250 nuevos refugios y paradas estratégicas, prometen transformar la experiencia del usuario, siempre y cuando sean implementadas correctamente.
No obstante, es fundamental que los usuarios también asuman su parte en este cambio. La experiencia pasada nos demuestra que medidas como las paradas obligatorias, que inicialmente se implementaron para mejorar la eficiencia, fueron rápidamente retiradas ante las quejas del público. Un sistema de transporte eficiente no depende únicamente de la infraestructura y las medidas gubernamentales, sino también de la colaboración de los ciudadanos para adaptarse y respetar las normativas que buscan optimizar el servicio.
Por el momento, el proyecto de Ley está en sus primeras etapas de análisis. El debate en el Congreso será determinante para pulir y fortalecer los aspectos técnicos y operativos del proyecto. Sin embargo, lo que resulta innegable es la urgencia de esta reforma. Todo apunta a que esta vez no será una promesa más de modernización que se diluya en la burocracia o el desinterés político. Se trata de una oportunidad real para mejorar la calidad de vida de miles de compatriotas que, día tras día, enfrentan las deficiencias del transporte público.
