A cuatro años del secuestro de Óscar Denis, el silencio sigue siendo la única respuesta que obtienen sus hijas y la sociedad paraguaya. Desde el 9 de septiembre de 2020, la familia Denis vive un calvario interminable, sin pistas, sin respuestas, con la incertidumbre convertida en un dolor constante. Beatriz, Silvana y Lorena Denis, como lo han hecho desde el primer día, exigen al gobierno y a las autoridades mayor celeridad, transparencia y compromiso para encontrar a su padre.
La historia del secuestro de Denis, a manos del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), revela la ineptitud y la complicidad de gobiernos anteriores, como el de Mario Abdo Benítez, donde funcionarios de su entorno con dudosas actuaciones enturbiaron la investigación desde sus primeros momentos. Durante su administración, la líder del EPP no solo logró mantener una posición de poder en la penitenciaría de mujeres, sino que disfrutaba de privilegios inauditos, con acceso a una oficina privada, celulares y hasta una secretaria.
Pero el caso Denis no es el único. Edelio Morínigo, secuestrado hace una década, y Félix Urbieta, desaparecido hace ocho años, son otras víctimas de este grupo criminal, que sigue desafiando al Estado paraguayo y sumiendo a las familias de sus rehenes en una angustia que parece no tener fin.
La administración de Santiago Peña ha lanzado un ambicioso plan de seguridad, cuyo eje principal es el combate frontal contra los grupos terroristas y criminales que atacan la democracia y el Estado de derecho en Paraguay.
La sociedad paraguaya, cansada y desgastada por 22 años de miedo y sufrimiento bajo la sombra del EPP, espera que este gobierno sea el que finalmente ponga fin a esta larga noche de terror. No podemos permitir que el EPP siga disfrazando su criminalidad bajo el ropaje de «defensores del pueblo». No son más que secuestradores y asesinos que explotan las necesidades de los más vulnerables para avanzar en su agenda de terror.
Las familias de Denis, Morínigo y Urbieta, al igual que todos los ciudadanos, merecen justicia. Es el momento de terminar con el estigma que ha azotado al país por décadas y de demostrar que el Estado paraguayo es capaz de defender a sus ciudadanos y restablecer el orden.
