El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados para la creación de un fondo nacional destinado a cubrir los gastos generados por accidentes de tránsito representa, una vez más, una respuesta superficial a un problema profundamente arraigado en la sociedad paraguaya. Aunque la intención de asistir económicamente a las víctimas es loable, esta medida evade la raíz del problema: la corrupción estructural y la falta de educación vial.
El proyecto plantea financiar el fondo a través de diversas fuentes, incluyendo un cargo adicional en la emisión y renovación de licencias de conducir y una parte del IVA recaudado por la venta de motocicletas. Sin embargo, la misma exposición de motivos revela una contradicción preocupante: los promotores reconocen que el país sufre de una epidemia de accidentes de tránsito, atribuida principalmente a la falta de educación vial. ¿Cómo es posible, entonces, que no se aborde de manera contundente esta carencia formativa que subyace a la mayoría de los siniestros?
En Paraguay, la expedición de licencias de conducir está delegada a las municipalidades, donde, salvo contadas excepciones como Asunción, la exigencia de exámenes teóricos y prácticos es nula. Este sistema, lejos de garantizar conductores capacitados, se ha convertido en un comercio de licencias, otorgadas a personas que ni siquiera comprenden las normas de tránsito ni la responsabilidad que implica manejar un vehículo.
Es evidente que la creación de un fondo para cubrir gastos por accidentes de tránsito no solucionará la crisis de seguridad vial en el país. Se requiere una reforma estructural que comience por quitar a los municipios la potestad de expedir licencias de conducir y centralizar este proceso bajo normas estrictas y transparentes. Además, es necesario y urgente que se implemente una campaña intensiva de educación vial, utilizando todos los recursos comunicacionales disponibles.
El Estado tiene a su disposición un ejército de comunicadores en las instituciones públicas, que podrían estar dedicados a desarrollar y ejecutar estas campañas. La educación vial debe ser prioritaria, desde el nivel inicial hasta el tercer ciclo, tal como sugirieron los representantes del Ministerio de Educación y Ciencias. Sin embargo, la falta de decisiones concretas solo perpetúa un sistema ineficaz que pone en riesgo la vida de miles de ciudadanos.
En lugar de seguir aprobando leyes que atacan las consecuencias y no las causas, es hora de que nuestras autoridades enfrenten de manera decidida la corrupción y la negligencia en la expedición de licencias de conducir y promuevan una verdadera cultura de seguridad vial. Solo así podremos aspirar a tener calles y rutas más seguras, donde la cortesía, la decencia y la responsabilidad sean la norma y no la excepción.
