El anuncio del presidente Santiago Peña sobre la millonaria inversión de 500 millones de dólares para fortalecer las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional marca un punto de inflexión en la historia reciente de nuestro país. Tras años de postergación y escasa inversión en defensa, esta decisión busca además de modernizar las capacidades de nuestras fuerzas de seguridad, restaurar el rol fundamental que juegan en la preservación de nuestra soberanía y estabilidad nacional.
La transición democrática en Paraguay no fue sencilla. Durante los primeros años, la sociedad paraguaya, aún traumatizada por los «ruidos de sables» que amenazaban con desestabilizar el incipiente proceso democrático, exigió un enfoque cauteloso hacia las instituciones castrenses. Este temor, aunque comprensible, llevó a que las Fuerzas Armadas fueran injustamente tratadas y relegadas, como lo ha reconocido el propio presidente Peña. La escasa inversión en defensa durante ese período tenía su fundamento en la necesidad de priorizar la consolidación de un régimen democrático que aún se tambaleaba.
Sin embargo, con el avance de la democracia y la paulatina institucionalización de la vida castrense, ha llegado el momento de revalorar el papel de nuestras Fuerzas Armadas. En un mundo donde las amenazas son cada vez más complejas y variadas, un Estado fuerte requiere de unas fuerzas de defensa igualmente fuertes. La sociedad paraguaya, que históricamente ha mostrado un profundo respeto hacia sus uniformados, confía en que estos son garantes de la paz y la seguridad nacional. Es por ello que, ante cualquier crisis, la ciudadanía suele recurrir a las fuerzas militares como una última línea de defensa.
El compromiso del presidente Peña de dotar a nuestras Fuerzas Armadas de mayores recursos y equipamientos responde también a una necesidad imperiosa en el contexto internacional actual. No obstante, esta inversión debe ir acompañada de un firme compromiso por parte de las autoridades castrenses en cuanto al respeto institucional y la gestión transparente de los recursos. La confianza depositada por la sociedad en sus fuerzas de defensa debe ser correspondida con un manejo honesto y eficiente de los fondos públicos.
