La desaparición de Loan Danilo Peña, un niño de cinco años, en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes, Argentina, el pasado 13 de junio, dejó a la sociedad argentina en un estado de consternación. Este lamentable hecho puso en marcha un operativo de búsqueda intensivo que trasciende fronteras, extendiéndose incluso hasta nuestro país. La posibilidad de que el niño haya sido víctima de trata de personas y la preocupación de que pudiera estar en territorio paraguayo han generado reuniones entre autoridades de ambos países.
A este caso se suma la reciente acusación de pederastía y tráfico de material de abuso infantil contra el diputado provincial argentino Germán Kiczka, quien según informes, podría estar refugiado en el distrito de Bella Vista, Itapúa. Este hecho agrava aún más el panorama de vulneración de derechos infantiles, evidenciando que estos crímenes no respetan fronteras y que requieren de un esfuerzo conjunto por parte de las naciones involucradas.
Este dantesco panorama de desaparición, abuso y posible caso de trata de persona, que afecta a menores, se completó esta semana con la noticia del fallecimiento de una bebé de un año y medio, víctima de abusos, lo que subraya la gravedad del problema y la urgencia de una respuesta coordinada.
Estos hechos muestran que los problemas de una nación pueden tener consecuencias directas en otra, sobre todo en regiones fronterizas como las nuestras, donde la permeabilidad de los límites geográficos facilita la comisión de delitos transnacionales. Es imperioso que nuestras autoridades fortalezcan los mecanismos de cooperación no solo en materia de seguridad, migraciones y crimen organizado, sino también en la defensa de los derechos de los niños, que deben ser una prioridad en la agenda bilateral.
Los casos de abuso y desaparición de niños nos interpelan como sociedad y nos obligan a exigir que se actúe con celeridad y firmeza. La colaboración entre Argentina y Paraguay debe profundizarse, no solo para localizar a los responsables y llevarlos ante la justicia, sino también para prevenir que tales tragedias se repitan. Las políticas de protección infantil deben ser fortalecidas y adaptadas a las realidades de nuestras fronteras, donde la vulnerabilidad de los más pequeños se exacerba.
La infancia debe ser protegida con el máximo rigor y las naciones deben unirse en este esfuerzo, conscientes de que cualquier falla en este ámbito tiene consecuencias devastadoras para el futuro de nuestras sociedades.
