La tarde asuncena del domingo se vio sacudida por un nuevo incendio de grandes proporciones en la zona de la Costanera. El fuego consumió cerca de treinta viviendas precarias en un asentamiento improvisado, dejando a igual cantidad de familias afectadas, aunque afortunadamente no se registraron heridos. Este incidente, lamentablemente, no es aislado; es el reflejo de una problemática mucho más profunda y preocupante que viene gestando en los cinturones de pobreza que rodean la capital: la proliferación descontrolada de asentamientos precarios.
La construcción de la Costanera, tanto al sur como al norte de la ciudad, permitió la recuperación de importantes extensiones de tierras, que anteriormente eran zonas anegadizas. Estos espacios recuperados hoy se ven amenazados por la ocupación ilegal y desordenada de familias que, en su desesperación por encontrar un lugar donde vivir, se instalan en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Lo que resulta alarmante no es solo el crecimiento de estos asentamientos, sino la evidente complicidad de dirigente políticos que están incentivando estas ocupaciones para beneficiar a sus adeptos. Es innegable que miles de compatriotas desean y merecen acceder a un pedazo de tierra para construir su hogar. Sin embargo, las autoridades deben garantizar que este derecho se ejerza de manera ordenada, segura y bajo un marco legal que asegure la sostenibilidad y la dignidad de las viviendas.
En este sentido, urge la implementación de un censo riguroso que permita identificar a los ocupantes y evaluar sus necesidades reales. Solo a partir de un diagnóstico preciso será posible proceder con una entrega ordenada y equitativa de los terrenos recuperados, evitando así que estos espacios se conviertan en caldo de cultivo para la marginalidad y el caos.
Asimismo, es fundamental que se promulgue una nueva legislación que sancione con severidad a aquellos que, aprovechándose de la precariedad, convierten las ocupaciones ilegales en un negocio lucrativo. Es de conocimiento público la existencia de «ocupantes profesionales», personas que se trasladan de un lugar a otro, vendiendo sus derechos de ocupación y perpetuando un ciclo de miseria y desorden que no beneficia a nadie.
El incendio de este domingo, que afortunadamente no cobró vidas humanas, debe ser un llamado de atención para todos. No podemos seguir esperando a que la tragedia golpee con más fuerza. La precariedad y la informalidad son una bomba de tiempo, y es momento de actuar con decisión y responsabilidad para regularizar la situación de nuestros compatriotas que viven en estos asentamientos. No hacerlo podría significar que en el futuro tengamos que lamentar una catástrofe de proporciones mucho mayores, con consecuencias irreparables para la vida y el bienestar de miles de familias asuncenas.
