La administración de Santiago Peña en una apuesta audaz asumió la responsabilidad directa del manejo de la merienda escolar, alejándola del manejo de las municipalidades y gobernaciones, sectores donde, por años, la corrupción y la ineficiencia han sido la norma. La decisión de centralizar este aspecto elemental de la educación bajo el programa Hambre Cero fue una respuesta a esa urgente necesidad de erradicar un sistema viciado por prácticas corruptas que han perjudicado a los más vulnerables: nuestros niños.
Durante demasiado tiempo, la provisión de la merienda escolar fue utilizada como un instrumento de enriquecimiento ilícito por parte de políticos y empresarios sin escrúpulos, que no dudaron en sacrificar la salud y el bienestar de los estudiantes a cambio de jugosos contratos. La distribución de alimentos de mala calidad, y en ocasiones en mal estado, fue por mucho tiempo la norma, como consta en innumerables denuncias, publicaciones periodísticas, informes de contralorías, quejas de padres de familias y dirigentes sociales.
El reto que ahora enfrenta la administración de Santiago Peña es desafiante. El programa Hambre Cero además de cumplir con su objetivo primario de asegurar que ningún niño en Paraguay asista a la escuela con el estómago vacío, también tiene que ejecutarse bajo el riguroso escrutinio de la ciudadanía. Las promesas de transparencia y de mano dura contra los incumplidores son bienvenidas, pero deben ser acompañadas de acciones contundentes y sostenidas.
El anuncio del presidente Peña, en el que se comprometió a ser «implacable» con las empresas que no cumplan con los contratos de provisión de alimentos, es un mensaje alentador. La sanción impuesta a una empresa que interrumpió la entrega de alimentos en una escuela del departamento Central es un primer ejemplo de lo que debe ser una política de tolerancia cero contra la corrupción y la negligencia en la administración pública.
La administración actual además del compromiso de ser vigilante, debe también ser proactiva en la supervisión y en la implementación de este programa. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser los pilares sobre los cuales se construya la nueva política de alimentación escolar. Al asumir este compromiso audaz, el gobierno de Peña se juega también su credibilidad, porque sus detractores están más que atentos sobre la ejecución del programa. Un hecho, que por demás resulta auspicioso en una sociedad democrática, donde el control ciudadano es una garantía para el buen ejercicio del poder.
La administración de Santiago Peña tiene ahora el gran desafío y la oportunidad de demostrar que un nuevo enfoque es posible, uno donde el bienestar de los niños esté por encima de los intereses particulares.
