El último feriado, el país fue sacudido por dos violentos episodios de invasión de inmuebles en San Pedro y Caaguazú, eventos que no solo sorprendieron a la opinión pública por su simultaneidad, sino también por la violencia desplegada. Lo ocurrido no puede ser visto como un hecho aislado, sino como un síntoma preocupante de una problemática que requiere una respuesta firme y decidida por parte de las autoridades.
Desde la apertura democrática, Paraguay ha sido testigo de un fenómeno que, lamentablemente, en su momento se convirtió en un verdadero negocio para ciertos sectores: la invasión de inmuebles bajo la fachada de la lucha por la tierra. Estos grupos, a menudo liderados por seudo dirigentes campesinos, no buscaban una reforma agraria legítima, sino que utilizan la violencia y la ilegalidad para beneficiarse a costa del caos y la destrucción. Los hechos recientes, que dejaron como saldo la muerte de dos personas, demuestran que esta práctica no solo persiste, sino que se ha vuelto aún más peligrosa.
Las instituciones del Estado, encargadas de atender los problemas del campo y de garantizar la seguridad jurídica en el país, deben actuar con rapidez y determinación. El respeto a la propiedad privada es un pilar fundamental de nuestra Constitución y cualquier intento de socavarlo, bajo cualquier pretexto, debe ser enfrentado con todo el peso de la ley. No es admisible que, en pleno siglo XXI, un grupo de personas crea que puede imponer su voluntad mediante la violencia, el miedo y la destrucción.
Es evidente que detrás de estos actos no hay una necesidad legítima de tierra, sino un interés político e ideológico que busca desestabilizar al país. Resulta llamativo que estos ataques se hayan producido justo en el día en que el presidente Santiago Peña cumplía un año en el gobierno, lo que sugiere una estrategia deliberada para generar confrontación y violencia. Las investigaciones en curso deben profundizar en esta línea, identificando y sancionando a quienes están manipulando a compatriotas necesitados para sus propios fines oscuros.
El contexto social y político actual ya no permite tolerar estas acciones. El campo paraguayo, que debería ser un espacio de tranquilidad y trabajo, no puede seguir siendo rehén de grupos violentos que siembran el terror. La Asociación Rural del Paraguay, al igual que otros gremios, ha expresado su repudio a estos hechos y ha llamado a un diálogo que busque soluciones pacíficas. Pero el diálogo solo es posible cuando se respeta el marco legal y se rechaza la violencia.
Paraguay debe avanzar hacia un futuro donde los conflictos sobre la tierra se resuelvan a través de las vías institucionales y no mediante la fuerza. La reciente violencia no debe quedar impune. Es hora de que las instituciones del Estado actúen con firmeza, no solo para proteger la propiedad privada, sino también para identificar a los promotores de la violencia y aplicarles el peso de la Ley. El país no puede permitirse retroceder a épocas de anarquía y violencia.
