Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzaron propuestas para abordar la profunda crisis que atraviesa Venezuela. Mientras que Petro, en un tono más moderado, afirma que «un acuerdo político interno de Venezuela es el mejor camino de paz», Lula da Silva ha sido más directo, sugiriendo la repetición de las elecciones o la conformación de un gobierno de coalición. Sin embargo, estas propuestas, lejos de ser soluciones genuinas, revelan una profunda incoherencia y una peligrosa ambigüedad por parte de líderes que, en teoría, deberían defender la democracia y los derechos humanos.

La propuesta de Lula da Silva, en particular, resulta sorprendente y contradictoria. Apenas hace unos meses, Lula defendía con firmeza la necesidad de respetar los resultados electorales, argumentando que la soberanía del voto es inviolable. Lula se erigió como un defensor de la institucionalidad y el respeto a los resultados. ¿Por qué ahora cambia su discurso al referirse a Venezuela? ¿Qué lo lleva a considerar la posibilidad de anular unas elecciones que, según su propia lógica, deberían ser respetadas?

La falta de coherencia es preocupante, pero más alarmante es la falta de acción concreta ante los crímenes que se siguen cometiendo bajo el régimen de Nicolás Maduro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en su condena a las prácticas de «terrorismo de estado» del chavismo, las cuales han generado un clima de miedo e intimidación en el país. La represión desatada por el régimen tras las elecciones, que incluyó la muerte de 23 personas en manifestaciones que exigían transparencia y respeto a los resultados, es una prueba contundente de que Maduro está empecinado en mantenerse en el poder mediante el terror y la intimidación, no en base al respeto a las urnas.

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Mientras el mundo condena, con razón, a la dictadura venezolana, algunos gobiernos de la región, como los de México, Colombia y el propio Brasil, optan por una postura tibia y cómplice. Estas propuestas de «salida negociada», que en realidad solo prolongan el sufrimiento del pueblo venezolano, son una vergüenza para la izquierda latinoamericana. Es indignante que, mientras miles de venezolanos huyen hacia países como Colombia y Brasil, escapando de la miseria y la persecución, sus líderes políticos propongan soluciones que no abordan el problema de raíz: la perpetuación de un régimen autoritario y criminal.

El dictador Maduro ya ha demostrado, en múltiples ocasiones, su falta de respeto por los acuerdos y los derechos de los venezolanos. La negativa a mostrar las actas y a transparentar los resultados electorales es la prueba más reciente de que ha perdido, no solo las elecciones, sino también la legitimidad para gobernar. Lo que Venezuela necesita ahora no es más diálogo con un régimen que ha perdido toda credibilidad, sino una transición clara hacia la democracia. Esto requiere que Maduro reconozca su derrota, entregue el poder y permita al pueblo venezolano decidir su futuro en un ambiente de libertad y justicia.