Las cifras reveladas por el Ministerio Público sobre los delitos contra menores de edad en Paraguay son, sin duda, escalofriantes. Según los datos más recientes, hasta julio de 2024, 11.482 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de diversos delitos, lo que equivale a 54 víctimas por día en promedio. Estos datos ponen de manifiesto una realidad profundamente alarmante que requiere una respuesta urgente y coordinada desde todos los sectores de la sociedad.
En junio pasado, la Cámara de Senadores declaró el estado de emergencia ante la creciente ola de abusos infantiles, instando a las instituciones a redoblar sus esfuerzos en la protección de los menores. Este llamado, sin embargo, no debe ser atendido únicamente por las entidades gubernamentales, sino también por las iglesias, organizaciones sociales y, sobre todo, las familias. La creación de un entorno seguro y saludable para los niños es una responsabilidad compartida que no puede ser ignorada.
Entre los delitos más preocupantes, el abuso sexual infantil se destaca con 1.840 casos reportados hasta julio, una cifra que por sí sola es alarmante. La violencia, el maltrato, el estupro, la pornografía infantil y otros delitos cometidos contra menores reflejan una sociedad profundamente enferma, donde la niñez es víctima de los peores flagelos.
Sin embargo, en medio de estas aterradoras estadísticas, surge un atisbo de esperanza. El aumento en las denuncias sugiere que poco a poco se está rompiendo el tabú que durante mucho tiempo protegió a los abusadores, que en muchos casos son miembros de la familia. Los afectados, gracias a campañas de concienciación y a un cambio cultural en curso, se animan cada vez más a denunciar, lo que es fundamental para erradicar esta problemática.
El Senado de la nación también, precisamente a fines de julio pasado dio un paso importante al aprobar un proyecto que eleva hasta 28 años la pena para los casos de abuso sexual infantil. Este proyecto, que ahora se encuentra en la Cámara de Diputados, debe ser promulgado con celeridad y efectividad para que las leyes sean herramientas reales de protección y justicia.
La educación y la concienciación siguen siendo esenciales en esta lucha. Es imperioso que tanto adultos como niños estén informados y preparados para identificar y denunciar cualquier situación de abuso. Solo así podremos construir una sociedad más justa y segura para nuestras futuras generaciones.
