La farsa electoral en Venezuela vino a confirmar lo que desde nuestras páginas hemos advertido con insistencia, mucho antes de las elecciones. La posibilidad de que un dictador como Nicolás Maduro entregara el poder de manera pacífica y democrática era, desde el principio, una ilusión destinada al fracaso. Las elecciones fraudulentas, que se llevaron a cabo bajo un manto de represión y manipulación, no son más que otro capítulo en la trágica historia de un país sometido a un régimen autoritario que se aferra al poder a cualquier costo.
La participación masiva del pueblo venezolano en las urnas, con la esperanza de un cambio, fue un acto de valentía y resistencia. Sin embargo, millones de venezolanos en el exterior fueron privados de su derecho al voto, una clara muestra de la manipulación y el control ejercido por el régimen. A pesar de ello, las manifestaciones en diversas ciudades del mundo reflejan la desesperación y el anhelo de libertad de un pueblo que ha sido sometido a una crisis humanitaria sin precedentes.
El acuerdo de Barbados, firmado por Maduro, fue visto por muchos como una luz al final del túnel, una esperanza de que el cambio era posible. No obstante, los dictadores no respetan acuerdos ni promesas. Maduro, fiel a su naturaleza, ha demostrado una vez más que su palabra carece de valor y que su única prioridad es mantener su poder a costa del sufrimiento de su gente.
Lo más vergonzoso de esta situación es la postura de algunos países latinoamericanos, cuyos gobiernos, alineados a una supuesta ideología socialista, han optado por apoyar a Maduro. Ignoran deliberadamente las graves violaciones de derechos humanos, la crisis humanitaria provocada por la migración masiva de venezolanos y las detenciones y desapariciones de opositores políticos. Su complicidad no solo es un acto de hipocresía, sino una traición a los principios básicos de justicia y democracia.
Un régimen ilegítimo y opresor como el de Maduro no puede sostenerse indefinidamente. La caída de esta dictadura es inevitable, pero el clamor de la sociedad democrática es que ello no ocurra a costa de más sufrimiento y sangre del pueblo venezolano. La responsabilidad recae ahora en los gobiernos latinoamericanos, que deben dejar de lado sus intereses ideológicos y trabajar unidos para encontrar una salida pacífica y democrática a la crisis en Venezuela.
La historia juzgará severamente a quienes, por acción u omisión, permitieron que un tirano continúe oprimiendo a su pueblo.
