Lo que en principio parecía el caso de una funcionaria fiscal caprichosa resistiéndose a la policía, al mando de un vehículo denunciado como robado, está adquiriendo ribetes cada vez más sorprendentes, destapando toda una red delictual, donde una vez más todos los hilos conducen a elementos de la Policía Nacional.
Según el relato de la afectada Claudia Guillén, el pasado 12 marzo, estando con compañía de su madre, en el cementerio del Este fueron abordados por una persona armada, quien le habría reclamado que el vehículo que manejaba estaba denunciado como robado en Brasil. Ante este hecho, la joven huyó del lugar con su madre y luego pidieron ayuda al 911, donde le recomendaron que se acerquen a una comisaría a realizar la denuncia. Se acercaron, a una patrullera en la costanera, donde llegó nuevamente la persona de civil, y se presentó como miembro de la Policía.
Lo que sucedió después ya es por todos conocidos, pero a partir de allí comenzaron a saltar otros casos que dejaron en evidencia la existencia de toda una mafia que opera con la clonación de documentos, placas de vehículos, cédulas verdes y que se mueven en el oscuro mundo de la ilegalidad aprovechándose de las persona que buscan acceder a un vehículo.
No sería objetable la actuación policial si se hiciera en un contexto de persecución a traficantes, vendedores y reducidores de vehículos robados. Pero la forma en que la policía manejó el caso de Claudia Guillén revela que en el esquema están involucrados los más altos jefes policiales. En efecto, los uniformados proveyeron a la prensa y a las redes sociales una información sesgada, omitiendo varios elementos, que recién ahora, cuando la joven habló, la opinión pública empieza a conocer.
En este caso, la afectada estaba convencida de que tenía un vehículo legal, y por ello exigió el respeto a ciertos derechos, pero cuántos otros casos habrá en los que los afectados ni siquiera se atreven a denunciar por el terror a la mafia policial, que persigue y amenaza a sus víctimas.
El esquema es simple: la policía maneja información privilegiada de acceso a datos del Registro Único del Automotor (RUA) y la base de datos de la policía sobre vehículos denunciados como robados. A partir de ahí se deja funcionar la rosca, que comercia este tipo de vehículo y los policías completan el combo extorsionando a los poseedores o directamente incautando el vehículo, que muy probablemente, luego vuelve a ingresar al círculo de la ilegalidad.
Lo llamativo del caso es que hasta el momento la Policía Nacional, con su comandante Crio. Gilberto Fleitas, ni el Ministro del Interior, Federico González, iniciaron una investigación interna para arrojar luz sobre el procedimiento que tiene muchos elementos oscuros y que revelan la existencia de toda una mafia que opera con amparo y en complicidad con elementos de la policía nacional.
Este hecho pone al descubierto una vez más el absoluto estado de indefensión que tiene el ciudadano, que no sabe si puede acudir a la policía, porque puede terminar siendo víctima de extorsión o amenaza, ya que dentro de las mismas filas policiales hay uniformados que están al servicio del crimen.
La corrupción que pudre las filas de la policía se mantiene intacta, como lo venimos diciendo, ningún gobierno ni ministro del Interior, hasta el momento se atrevió a desmantelar dicho esquema. Así por ejemplo, sigue intacto la mafia de identificaciones, que provee de documentos a cuanto malandrines extranjeros que llegan al país, a sabiendo que por unos cuantos dólares tienen nacionalidad paraguaya, lo mismo pasa con la Dirección de Asuntos Internos, cuyos integrantes evidentemente tiene ojos y oídos cerrados a este tipo de denuncias, porque no cumplen con su función de limpiar la institución.
El silencio de las autoridades sobre este grave hecho que desnuda la corrupción policial, induce a pensar que los elementos podridos de la institución responsables de la seguridad pública, tienen sus protectores en los más altos niveles. Las actitudes cómplices de los funcionarios del gobierno solamente contribuyen a acrecentar la desconfianza ciudadana y la certeza de que el crimen y la mafia permearon todas las instituciones de la República.
