La lucha por la libertad de expresión en Paraguay ha sido una constante desde la caída de la dictadura de Stroessner en 1989, y ha implicado el esfuerzo y el sacrificio de muchos periodistas, comunicadores y organizaciones sociales que han defendido este derecho frente a las agresiones y las violaciones.
La misma sociedad ha reaccionado vigorosamente a cualquier intento de cercenar esta libertad que ha sido una de las conquistas ciudadanas más importantes de la era democrática. Sin embargo, después de 34 años de vida democrática el pensamiento totalitario sigue tan vigente en la sociedad.
Por ello resulta desubicado, lamentable y hasta peligroso cuando un candidato, nada más y nada menos que a senador nacional, y esposo de la aspirante a la vicepresidencia de la República, vierte declaraciones expresando su deseo de censurar o prohibir publicaciones de medios de prensa, que no son afines a sus objetivos políticos.
“No tienen ni pies ni cabeza lo que presentan en estas encuestas, no hay por donde darle, no funcionan, no existen argumentos legítimos para que esas encuestas estén presentadas como que son datos reales, y lo bueno es que ya hicieron ellos su trabajo, todos sabemos que lo que sale en la tapa de La Nación es la agenda del patrón HC. Yo no leo…habría que prohibir”, fueron en efecto las expresiones de Bruno Deffelipe, candidato a senador por la Concertación Nacional, refiriéndose a las publicaciones de los medios del Grupo Cartes.
La libertad de expresión y la libertad de prensa son los pilares fundamentales de la convivencia democrática. Quienes aspiran a ocupar espacios en la función pública tienen que ser los primeros defensores de estas libertades y además, fundamentalmente, deben aprender a recibir y asimilar las críticas.
Solamente hace unos días, lamentábamos un nuevo caso de asesinato de un periodista en Pedro Juan Caballero. Suman 21 los trabajadores de prensa muertos en manos de la mafia en Paraguay, y para peor casi todos los casos continúan en la impunidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sostenida jurisprudencia, ha señalado que la obligación del Estado y los gobiernos de garantizar la libertad de expresión “requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”, advierte el organismo internacional.
Desde La Tribuna una vez más ratificamos nuestro compromiso de defender los principios esenciales de la libertad de prensa, de la libertad y seguridad para el ejercicio del periodismo, y del derecho sagrado de la ciudadanía a estar informada.
Solamente sobre estos pilares puede construirse la democracia republicana. La sociedad debe repudiar con vehemencia, a los autoritarios disfrazados de demócratas, que pueden poner en peligro la vigencia de dichas libertades.
