En los últimos días, la seguridad de los fiscales y magistrados ha sido tema recurrente. Esto es así debido a lo que puede considerarse una amenaza por parte de quien es sindicado de narcotraficante, Sebastián Marset. En sentido práctico, debemos darle una naturaleza a la amenaza, cuanto menos, de índole “jurídica” a las palabras de Marset, quien indicó que mínimamente, buscaría la remoción de fiscales y magistrados que atienden su causa.
Lógicamente, dados los oscuros trasfondos que circundan la actividad delincuencial investigada, es dable inferir que también podrían existir ataques de mayor gravedad que pongan en riesgo la vida de los funcionarios judiciales.
Esta declaración pone sobre el tapete la vulnerabilidad de quienes están al frente de la lucha contra el crimen organizado, al tiempo de evidenciar la urgente necesidad de fortalecer las medidas de protección y garantizar el Estado de Derecho mediante la salvaguarda de integridad de magistrados y fiscales. Esta protección deberá comprender la integridad física y la de sus familias, pero también el ámbito laboral, evitando cualquier tipo de injerencia en los entes encargado de juzgar, procesar y confirmar jueces y fiscales.
Luego del lamentable hecho que acabara con la vida del fiscal Marcelo Pecci, hemos podido entender que no solo se trata de un desafío jurídico, sino podría incluso tornarse en una cuestión de vida o muerte para los servidores públicos que enfrentan el crimen con valentía. El mensaje de Marset, además de ser una provocación, debe ser interpretado como un llamado a la acción urgente para reforzar las medidas de seguridad, y en este sentido se ha manifestado el ministerio del interior, así como la Corte Suprema de Justicia.
El compromiso con la seguridad de fiscales y magistrados es fundamental para mantener la integridad del sistema judicial. En este sentido, es imperativo que las autoridades competentes adopten medidas inmediatas y eficaces. Esto incluye la implementación de técnicas de vigilancia avanzadas, el aumento de los recursos destinados a la protección personal y la capacitación continua de las fuerzas de seguridad.
Asimismo, es esencial que la sociedad y las instituciones se unan en la defensa de la justicia. La intimidación hacia quienes cumplen con su deber es un ataque directo a la democracia y al Estado de Derecho. Es necesario que se fortalezca el respaldo público y que se garantice que los fiscales y magistrados puedan desempeñar su labor sin temor a represalias.
Será fundamental atacar directamente y con firmeza a quienes consideran encontrarse por encima de la ley, apareciendo esporádicamente desde la clandestinidad para amedrentar a quienes optaron por el camino recto, en persecución de aquellos que optaron por la bajeza del crimen.
Es un buen momento para demostrar que la justicia en Paraguay puede ser inquebrantable y que la protección de quienes la representan es una prioridad nacional. La lucha contra el crimen organizado no puede ser efectiva sin la seguridad y el respaldo incondicional de quienes defienden la legalidad y la justicia. Es hora de actuar con determinación y cohesión para asegurar que la justicia prevalezca y que los fiscales y magistrados puedan ejercer su labor con plena seguridad y libertad.
Así como muchas veces la justicia paraguaya es puesta bajo la lupa por las muchas dudas que refleja su gestión, también se debe reconocer y valorar el trabajo de aquellos que enfrentan día a día la insalubre misión de luchar directamente contra lo más peligroso del crimen organizado.
