El Instituto de Previsión Social actualmente tiene unos 1.760 millones de dólares de los fondos jubilatorios en el sistema bancario. El portafolio completo del fondo de jubilaciones orilla los 2.400 millones de dólares, una cifra nada despreciable que es codiciada por sectores interesados en manejar la colocación de dicho caudal.
El IPS tiene actualmente 613.685 beneficiarios activos, con una recaudación mensual de unos 708.010 millones de guaraníes mensuales. Aportan 45.833 empleadores, y hay 811.108 aportantes.
Sobre el salario mínimo de 2.550.307 guaraníes vigente en la actualidad, el aporte del trabajador y la patronal alcanza 586.571 guaraníes. De esto el 54,35 por ciento va para el fondo de Jubilaciones y pensiones, el 39,13 por ciento para los fondos de enfermedad y maternidad y un 6,52 por ciento para el fondo de administración general.
Como puede observarse de los fondos que mensualmente aporta el trabajador solamente un 39,13 por ciento se destina a la cobertura de salud, alrededor de 90.000 guaraníes, suma insignificante, considerando los beneficios que reciben los asegurados en cuanto a atención hospitalaria y medicamentos.
Aquí no entra a tallar la corrupción y el mal manejo en cuanto a las deficiencias de los centros asistenciales del IPS. Pero al comparar, los costos con un servicio privado de salud, la diferencia es abismal. Solamente hay que sacar la institución de las fauces de los intereses políticos y hacerla más eficiente y transparente al servicio de los asegurados aportantes.
Ahora con la excusa de no llegar al “desabastecimiento”, se está buscando nuevamente habilitar al IPS a adquirir préstamos para cubrir sus deudas con proveedores del fondo de Salud. La jugada es más que llamativa en pleno periodo electoral y con un gobierno que ya está de salida, más aún cuando las relaciones de la previsional con las farmacéuticas nunca fueron caracterizadas por la transparencia.
No hay que olvidar las obligaciones que el Estado paraguayo tiene con el IPS. Una de las deudas con la previsional se generó durante esta pandemia del Covid-19, cuando por ley la institución estuvo obligada a brindar atención médica a cualquier persona, esté o no asegurada.
A esto hay que agregar la deuda histórica del Estado con la previsional que ronda los US$ 450 millones. Es porque el Estado nunca cumplió con su obligación de aportar el 1,5 por ciento de aporte, por cada trabajador, tal como establece la Ley que crea el IPS.
A pesar de todo esto, los gobiernos de turno son los que disponen a gusto y paladar del IPS para sus objetivos políticos y en la designación de consejeros, directores y funcionarios de acuerdo a sus intereses. La institución nunca fue manejada por quienes son los verdaderos dueños empleadores y asalariados, quienes mensualmente suministran los recursos que despilfarran los administradores de la institución. Pese a sus deficiencias y precariedades, el IPS sigue siendo la tabla de salvación de asegurados y jubilados, los sectores más vulnerables de la sociedad.
