La Fiscalía había solicitado hace ya varios días los documentos que guardan relación con la tierras del lugar denominado «Jardines de Remansito», en el departamento de Villa Hayes; pero como no tuvo respuesta, se constituyó este lunes a las oficinas del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en Asunción.
En la asesoría del INDERT informaron que los fiscales, Osmar Legal y Diego Arzamendia, consultaron sobre los documentos referidos a la finca 916 y, en respuesta al mismo, el presidente del INDERT, Francisco Ruíz Díaz, ordenó que se entreguen a los mismos todos los documentos solicitados.
«Apoyamos firmemente al sistema de justicia en su labor. En especial todo lo que corresponda con el caso del inmueble perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional (Finca 916). Es necesario llegar hasta el fondo del asunto, y defender lo que es de todos los paraguayos», dijo Ruíz Díaz, vía X, luego del procedimiento realizado por los fiscales.
Ruíz Díaz sostiene que ningún supuesto dueño de lotes de la Fracción Remansito (Finca 916) tiene certificado de ocupación, que es el documento que expide el INDERT a los futuros dueños de un inmueble.
El INDERT divulgó un comunicado diciendo que dicha finca es de propiedad del Ministerio de Defensa y que la institución puso a disposición todos los documentos solicitados por los fiscales. En la gráfica, la foto de archivo muestra cuando el ministro de Defensa recorría el lugar.
Mientras tanto, la Procuraduría hizo trámites para la realización de un censo en el lugar, teniendo en cuenta que varios son los ocupantes de dicho predio que todavía se niegan a entregar las llaves del inmueble. Un grupo ya reconoció que solamente estaba ocupando el lugar y entregó las llaves, otro siguen allí.
La polémica sobre dichas tierras empezó cuando en el Congreso Nacional se pretendió transferir las mismas a la Municipalidad de Villa Hayes y que ésta vuelva a vender a sus ocupantes. El Ministerio de Defensa y la Procuraduría reaccionaron. La Procuraduría inició una demanda civil para recuperar las tierras del Ministerio de Defensa, mientras la Fiscalía investiga si hay delitos en la ocupación de dicho inmueble y si hubo falsificación de documentos.