Los legisladores están interfiriendo en los temas de contratos entre industriales y productores de granos.Si aprueban los proyectos de ley, en estudio, estarían creando inseguridad jurídica en los asuntos contractuales que rigen en el sector privado, denuncian los empresarios vinculados a la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO). La denuncia guarda relación con dos proyectos de leyes y afectan, principalmente, a los productores de soja.
Uno de ellos es el proyecto de ley «que prorroga el vencimiento por un año y prohíbe la aplicación de multas y recargos a obligaciones derivadas de contratos de entrega de granos de la zafra 2021/2022” y otro es el que «suspende temporalmente la obligación de pago de regalías por eventos genéticos o biotecnológicos en soja protegidos por patentes de invención”.
Según el gremio, el Congreso estaría alterando las negociaciones, fundamentalmente, entre los productores de sojas y los industriales. Manifiestan que ellos siempre se manejaron por contratos entre las partes y si el Estado interviene estaría creando inseguridad jurídica para los negocios.
Feprinco sacó un comunicado este domingo 9 de octubre y habla que una «directa injerencia política en la dinámica del sector de la agroindustria”.
Según los empresarios, el Estado debe dejar que las partes hagan negocios según acuerdos o contratos. Las relaciones contractuales están regidas por el derecho privado, mientras el Estado quiere meter la mano en estos negocios con el pretexto de un mal desempeño en la producción de granos luego de la última sequía, sostienen.
«Estos proyectos, además de referida intromisión, representarán una desventaja desmedida para el sector que industrializa la materia prima y cuyo desempeño se debería precautelar”, dice el gremio.
«La seguridad jurídica que ha primado desde siempre en las relaciones contractuales entre productores, acopiadores, agroexportadores e industrializadores de granos es lo que ha permitido que incluso en el año de peor desempeño del sector, las partes hayan podido renegociar sus contratos con soluciones previstas dentro de los mismos acuerdos», afirma Feprinco.
El gremio pidió al Congreso Nacional que rechace los mencionados proyectos de ley, porque «afectan las relaciones contractuales de carácter privado, interfiriendo incluso en los derechos de propiedad intelectual de una de las partes, afectando la seguridad jurídica y el clima de negocios, muy necesarios para la recuperación económica del país».
