La decisión del presidente argentino, Alberto Fernández, de no acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia produjo fuerte tensión en el vecino país, entre oficialistas y opositores.
Según la resolución de la Corte, el Estado Nacional de Argentina debe devolver al Gobierno de Buenos Aires (autónomo) el 2,95 por ciento de coparticipación, o sea 180 mil millones de pesos argentinos adicionales a los que recibía. Sin embargo, el presidente Fernández dijo que no acatará y anunció que recusará a los ministros del máximo tribunal. La medida es cautelar, por eso, el jefe de Estado anuncia batalla judicial. Incluso, ordenó a sus abogados que pidan la revocatoria de la medida cautelar.
«Esto es de altísima gravedad para nuestro país y pone en riesgo las bases de nuestra democracia. El presidente de la Nación decidió no acatar un fallo de la Corte Suprema. Gravísimo», dijo este viernes el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, también precandidato presidencial de la oposición.
El oficialismo entiende que la Corte dictó un fallo político porque favoreció al adversario de Fernández justo en puertas de una campaña electoral por la Presidencia de la República.
En Argentina no es que solamente Fernández se opone al fallo de la Corte sino también 14 gobernadores peronistas. Fernández quería ese dinero para dar aumento a los policías, pero la Corte ordenó que transfiera al Gobierno autónomo de Buenos Aires. Es manejo de presupuesto, pero en el fondo, es manejo de política electoral también, porque la oposición está jugando su partido para el futuro.
Fernández y los gobernadores de la oposición firmaron un comunicado en el cual explican sus razones: «En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe».
Agregan que «de manera insólita» la Corte dice que «transferir estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación», dicen los oficialistas.
Mientras tanto, los opositores recurren a todo tipo de efecto mediático para conseguir adhesión a sus intereses y el debate por los medios de comunicación social y por las redes sociales muestra una Argentina dividida.
