Según se puede comprobar en el registro de votos en el Senado, cuando se intentó estudiar el proyecto de derogación del convenio UE-Paraguay para el financiamiento de la educación, faltaron pocos votos para el tratamiento del tema. El que se dio cuenta antes fue el presidente del Congreso, Oscar Salomón, que llamó a sus colegas para salir fuera del recinto y dejar al Senado sin quorum porque había peligro de que se apruebe la derogación. Entonces, sus colegas (colorados oficialistas, Frente Guasu y PDP) salieron y por falta de quorum se levantó la sesión. La sesión se hizo hoy, 13 de diciembre.
En contrapartida, los cartistas presionaron para la derogación y la intención de ellos era aprobar esta decisión lo antes posible, pero le faltaron votos. Los liberales como siempre se dividieron, a favor de uno u otro sector colorado.
La derogación del convenio ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados donde los cartistas tienen mayoría. El Senado, aunque sea por pocos votos de diferencia, controla el oficialismo.
Un total se 23 senadores se ausentaron, dejaron sin quorum la sesión. En este grupo están los oficialistas y sus aliados. 20 senadores, entre ellos cartistas, patriaqueridistas y algunos liberales, se quedaron para tratar la derogación. A la hora de la votación, se necesitaba 23 votos para la derogación. La diferencia fue muy poca. Por eso, Salomón maniobró para evitar el tratamiento del tema.
Comunicado de la UE
Previa a la sesión del Senado, la Unión Europea (UE) en Paraguay divulgó un comunicado para aclarar que «la UE destina 85 M€ al sector educativo, de los cuales 47 M€ ya han sido ejecutados. El actual Programa, correspondiente al Convenio mencionado, tiene un presupuesto de 38 M€ de fondos no rembolsables y no condicionados».
Agrega el documento que «el Convenio fue firmado en el año 2020, y es anterior al Proyecto de Ley de Transformación Educativa, que se financia con el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) y no con fondos de la UE».
También dice que «el Programa de la UE apoya al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en la implementación de su propio Plan de Acción Educativa 2018-2023. Por lo tanto, el apoyo presupuestario contribuye a las prioridades definidas por el sector educativo: mejorar el acceso, la calidad, y los resultados del aprendizaje, asegurar una mejor formación docente y una educación técnica y profesional en línea con los requerimientos del mercado laboral».
Continúa diciendo que «en los esfuerzos por mejorar el sistema educativo, el MEC destina los fondos del apoyo presupuestario a kits escolares, alimentación, textos educativos e infraestructura y que la UE no decide el contenido de la malla curricular del sistema público educativo paraguayo. Esta responsabilidad recae en las autoridades nacionales».
En síntesis, la UE no es responsable de lo que se administra internamente, en Paraguay.
Poder Ejecutivo en contra
El Poder Ejecutivo se opone a la derogación, según el documento divulgado este lunes por la Cancillería paraguaya. «La suspensión o terminación de un tratado solo puede darse conforme a las disposiciones del propio tratado o por consentimiento de las partes en el mismo, a través del Poder Ejecutivo, en observancia de las disposiciones constitucionales y del derecho internacional vigente», dice el documento.
En este caso, la Cancillería explicó que la forma que está procediendo el Congreso no es lo correcto para anular un convenio. «El Artículo 137 de la Constitución Nacional establece el orden de prelación de las normas jurídicas, en el que un instrumento internacional aprobado y ratificado, al ser una norma superior, no puede ser derogado por otra norma de menor jerarquía, como lo es una ley de orden interno», agrega.
Asociación de padres
Sin embargo, la Asociación de padres pidió al Senado que derogue el convenio porque aún tiene textos que hablan de política de género, según su interpretación. Según esta agrupación, la educación no debe depender de fondos extranjeros y que el Estado paraguayo debe financiarlo. Según los padres asociados, hay un porcentaje de dinero que solamente la UE administra para pagar a ONGs para promover la política de género y que ese porcentaje no entra en el presupuesto del Estado.
El Ministerio de Educación y Ciencias comunicó que ya sacó del texto del Plan Nacional de Transformación Educativa los términos que pueden entenderse como política de género. Sin embargo, la Asociación de Padres insiste en que aún hay términos ambiguos que apuntan a la implementación de esa política.
Abajo se puede observar el registro de votos en el Senado:
