La crisis en Perú, con el intento de autogolpe de Pedro Castillo y que terminó con su destitución y detención, pone en el tapete nuevamente la fragilidad de la democracia en América Latina. En efecto si ampliamos el espectro podemos ver en Brasil al presidente en funciones Jair Bolsonaro, que todavía no acepta el resultado de las últimas elecciones y con sus seguidores en las calles pidiendo una intervención militar. Ayer en Argentina, la vicepresidenta en funciones Cristina Fernández de Kirchner fue sentenciada a seis años de cárcel más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Las experiencias de Venezuela con Hugo Chávez y después Nicolás Maduro, Nicaragua con Daniel Ortega, la dictadura cubana y el salvador ahora con Nayib Bukele que busca perpetuarse en el poder son fenómenos preocupantes en Latinoamérica, donde las instituciones no han logrado afianzarse, y ha aumentado la desconfianza hacia la democracia.
Encuestas del Barómetro de América Latina evidencian la profunda insatisfacción de la población con la democracia. La corrupción es la principal causa de esta insatisfacción, además de las situaciones económicas negativas. Se constata de forma preocupante un menor rechazo a los golpes de Estado y cada vez hay menos apoyo a las elecciones.
Una realidad vergonzosa y lamentable es que casi ningún país de Latinoamérica esta exonerada de la corrupción, que a la postre constituye una de las principales causas que socava la democracia. No hay nada más decepcionante para la población que comprobar que aquellos a quienes ha elegido a través de la votación libre, para ocupar cargos públicos, utilizan sus puestos para traficar y enriquecerse. Es lo que a diario vemos en nuestro países.
El intento de autogolpe de Castillo en Perú puso en evidencia que la única forma de defender la democracia, es el fortalecimiento y la independencia de las instituciones.
Acorralado por las investigaciones de la fiscalía, por graves denuncias de corrupción, sumado al cuestionamiento de sus mismos aliados políticos, Castillo intentó disolver el Congreso y manejar el país por decreto.
Pero, las instituciones que resguardan el funcionamiento de la democracia no se doblegaron. Castillo no tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas, ni de la Policía ni mucho menos de la opinión pública y terminó destituido y preso.
En el caso paraguayo, un país donde todavía persisten bolsones autoritarios, que añoran los tiempos de la tiranía y donde cada tanto aparecen defensores de la dictadura, deberíamos aprender de la experiencia peruana, que puso en evidencia que la garantía para la democracia es la independencia de las instituciones.
La democracia no es perfecta, no soluciona los problemas económicos, pero sigue siendo el mejor sistema para garantizar las libertades y el desarrollo de la sociedad.
En puertas de las próximas elecciones generales y la designación del próximo Fiscal General del Estado, está claro que el desafío para fortalecer la democracia en Paraguay es la lucha frontal contra la corrupción y el no sometimiento de las instituciones al poder de turno.
