Seamos claros y directos. La responsabilidad de la terna será del Consejo de la Magistratura. Ya luego la designación y confirmación del nuevo fiscal general del Estado (FGE) serán competencias del Ejecutivo y el Senado, que finalmente prestará su acuerdo. Entonces, que se tenga en cuenta que la causa de un mal fiscal general o persona afín al Gobierno, será una culpa repartida de los citados más arriba. Eso se debe anotar.
Un primer error básico que se puede evitar es ubicar en la terna un funcionario del entorno palaciego. Eso será culpa absoluta del Consejo de la Magistratura. La inclusión de una de esas personas ya es el inicio de una acción premeditada, que luego se puede pagar muy caro. Ya lo advertimos desde el primer momento, y sabemos que nuestra posición molesta, pero lo reiteramos porque no queremos ser parte de una complicidad colectiva: Un funcionario que estaba respondiendo a las directivas del Presidente no puede estar en la terna.
De suceder que una persona cercana al Palacio esté dentro de la terna será hasta una provocación a las recomendaciones del coordinador de Anticorrupción Global del Departamento de Estado de la Casa Blanca, Richard Nephew, quien dejó en claro la importancia de la rendición de cuentas para el combate a la corrupción. Seguimos preguntando ¿cómo habrá rendición de cuentas si el fiscal general del Estado resulta un colaborador cercano del Presidente de la República?
Debemos decir igualmente que la sociedad civil hizo poco o nada para influir o al menos presionar para que los errores de un fiscal condescendiente con el poder, no sea realidad. Pero ya luego vendrán con seminarios, talleres y todo tipo de convocatorias para hacer lo mismo de siempre, que en pocas palabras son meros ruidos para la prensa a modo de justificar las millonadas que reciben. Una pena, que sean parte del círculo vicioso.
Ojala que el ministro anticorrupción, Federico Hetter, quien tiene programada está semana una reunión en Washington, con Nephew, encuentre la forma de justificar la comedía con relación al fiscal general del Estado. Por de pronto, será complicado mejorar la imagen de Paraguay en su lucha contra la corrupción. Si el mismo Consejo de la Magistratura, en complicidad con el Presidente de la República y el Senado de la Nación, eligen a un servil del Gobierno como fiscal general. Entonces, que nadie se irrite cuando se afirma que Paraguay es todo un Estado corrupto.
