El presidente Abdo Benítez promulgó la polémica ley que habilita al Instituto de Previsión Social a solicitar créditos para cubrir deudas con los proveedores, especialmente de medicamentos. La crítica a la ley es que no establece un tope de crédito que la entidad puede pedir. Por ahora se manejan dos compromisos que el IPS tienen que cumplir, como ser, las empresas farmacéuticas habían informado que la deuda total de la previsional asciende a USD 285 millones y el Senado tiene información de que la deuda del IPS es de USD 408 millones, del 2019 al 2022.
La ley promulgada establece que el IPS puede solicitar al Banco Nacional de Fomento (BNF) o a otras entidades del sistema financiero nacional y/o entidades financieras internacionales la apertura de líneas de crédito de mediano y largo plazo que serán destinadas al cumplimiento de las obligaciones pendientes de pago. No fija el tope. Esta es la razón por las que gremialistas y ex directivos del IPS rechazan la ley que una vez publicada entrará en vigencia.
La senadora Desirée Masi había informado justamente que la deuda por maternidad de la previsional es el doble de lo que tiene con las empresas farmacéuticas.
En este caso, la ley promulgada es una carta blanca para IPS, dice el sindicalista, Julio López. También dice lo mismo, el ex presidente de la entidad, Pedro Halley. IPS puede contraer deudas por 200, 400 y 900 más millones de dólares, porque la ley le habilita, explicaron ambos.
Sin embargo, la normativa fija un tope en eventuales excesos y dispone que el límite máximo del total anual de las cuotas emergentes de las operaciones autorizadas no podrá exceder el 5% del presupuesto anual asignado para el ejercicio en el cual se realice la operación financiera. Esto no convence a los críticos citados, porque es un enredo y ante la duda, el IPS podrá actuar a discreción, comentaron.
La promulgación de la polémica ley viene después de que las empresas farmaceúticas hayan reclamado las sumas millonarias a IPS y hayan advertido que cortarían el suministro si es que no se cumplían con ellas.
Otra versión que circuló en el Senado es que los fondos se aprobaron en medio de campañas electorales, por las internas del Partido Colorado, en cuya asociación política existen interesados en que se cumplan con los proveedores para que hayan medicamentos que normalmente se reparten en épocas electorales.
