El ex titular del Instituto de Previsión Social, IPS, y su esposa tienen prohibido enajenar y gravar bienes por disposición del magistrado Humberto Otazú, quien además dispuso un embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de 2.000 millones de guaraníes.
El proceso que enfrenta Andrés Gubetich, ex presidente del IPS, y su esposa María Sosa Araujo, luego de la imputación por la Fiscalía, acusados por la presunta comisión de delito de estafa y lavado de dinero, el juez Penal de Garantías, Humberto Otazú, decretó la medida cautelar de carácter real. La misma es la inhibición general de gravar y enajenar bienes, durante el proceso.
El magistrado Otazú también dispuso el embargo preventivo de bienes al ex titular del IPS en las cuentas habilitadas en cualquier entidad financiera, cooperativa o banco a nombre de los procesados, hasta cubrir la suma de 2 mil millones de guaraníes por cada uno de ellos.
La imputación
El agente fiscal Marcial Machado Orihuela, presentó imputación en contra de Andrés Manuel Gubetich Mojoli (ex titular de IPS) y María Rosa Araujo Gubetich, por la presunta comisión del hecho punible de estafa y lavado de dinero. Ambas personas son sindicadas de la venta de cuatro inmuebles que fueron comercializados, hipotecados e incluso con usufructo vitalicio. La representación fiscal solicitó medidas alternativas a la prisión los procesados.
La pareja habría vendido cuatro inmuebles a Eustacio Rojas Alegretti, esto atendiendo a los antecedente de la causa en el año 2021, luego de haber entablado una relación de amistad y confianza, con el fin de financiar la campaña política de Gubetich Mojoli, a la Cámara de Senadores, en las Elecciones Generales 2023.
Rojas Alegretti pagó la suma de USS 2.358.000, sin embargo, las propiedades no le transfirieron debido a que la vendieron, hipotecadas o tenían usufructo vitalicio. El primer contrato de compraventa se realizó el 27 de octubre del 2021, la segunda y tercera venta se celebró el 8 de noviembre del 2021, y la cuarta transacción el 21 de noviembre del 2021.
En junio del 2022, Alegretti se dio cuenta que tanto el primer inmueble adquirido como su estacionamiento estaban hipotecados a nombre de una empresa (antes del fenecimiento del último pagaré). El segundo inmueble se trasfirió a otra empresa el 24 de agosto del 2022, mientras que sobre el tercer inmueble pesaba un usufructo vitalicio a favor del padre de María Rosa Araujo. En torno al último contrato (cuarto inmueble), los imputados otorgaron al comprador un supuesto poder especial irrevocable, sin embargo, dicha propiedad ya no les pertenecía.
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