En la Cámara de Diputados no hay consenso sobre el proyecto de ley que plantea reducir la duración del proceso penal, en el Poder Judicial, de cuatro años a tres años. No obstante, el pleno del cuerpo legislativo debe tratarlo este miércoles y, para el efecto, la Comisión de Asunción Constitucionales, que preside Roberto González, emitió dos dictámenes, uno por la aprobación con modificaciones y otro por el rechazo.
El proyecto de ley modifica los artículos 6°, 136° y 305° de la Ley N° 1.286/98 – Código Procesal Penal”. La iniciativa busca introducir modificaciones, específicamente, en los artículos que regulan la “inviolabilidad de la defensa”; la “duración máxima del procedimiento”; y la “desestimación”.
Pretende que toda persona tenga derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo máximo de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento para los hechos de acción penal pública.
El diputado colorado, Derlis Rodríguez, es el proyectista. Plantea reducir de 4 años, que es actualmente, a 3 años un proceso penal, porque, según fundamenta, los 4 años favorecen a las dilaciones injustificadas.
Durante el análisis, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, los que optaron por la aprobación con modificaciones, alegaron que la entrada en vigencia de la propuesta debe ser en el plazo de un año; no de nueve meses, como estipula.
Los que optaron por el dictamen de rechazo, por su parte, mencionaron diversas posiciones adversas, surgidas durante una audiencia pública realizada recientemente.
De aquella actividad participaron representantes del Ministerio Público; Ministerio de Defensa Pública; Colegio de Abogados; Asociación de Magistrados; de Agentes Fiscales; y de Defensores Públicos; así como referentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.
En el evento se expresaron posiciones contrarias en cuanto a la viabilidad de la reducción a tres años del plazo de duración máxima de un procedimiento.
Duración de 4 años atenta contra derechos de acusados
El proyectista fundamentó que la extensión actual de los plazos a 4 años, sumada a las suspensiones automáticas por incidentes o recursos, ha permitido una «morosidad institucional» que atenta contra los derechos procesales de los imputados y acusados.
«El plazo razonable no puede seguir sirviendo a la desidia del Ministerio Público y los juzgados, socavando garantías constitucionales y convencionales de un juicio rápido», según los fundamentos del proyecto.
La duración del proceso penal ya fue modificada una vez. Originalmente fue de 5 años, luego se bajó a 4 años y ahora, el diputado Rodríguez plantea reducir nuevamente y que sea a 3 años.
