En conferencia de prensa de esta mañana, la vocera de la Presidencia, Paula Carro, anunció la presentación dos proyectos de ley impulsadas por el Poder Ejecutivo. El primero de estos proyectos propone modificaciones al Código Penal, estableciendo penas de hasta 10 años de cárcel por el robo de energía eléctrica de la Ande.
El proyecto también prevé la incautación y decomiso de los bienes utilizados en estos delitos. Además, permite a la ANDE solicitar la administración o uso provisional de los bienes incautados, beneficiándose de lo recaudado para fortalecer la institución. Enviarán esta propuesta al Congreso para su estudio urgente, con el objetivo de disuadir el robo de energía y la criptominería ilegal.
Modificaciones previstas
El documento del Poder Ejecutivo menciona la modificación del artículo 173 del Código Penal, que establece lo siguiente:
- Quien lesione el derecho de disposición de otro sobre energía eléctrica y, con la intención de utilizarla, sustraiga energía de una instalación u otro dispositivo empleado para su transmisión o almacenamiento mediante un conductor no autorizado ni destinado a la toma regular de la energía de la instalación o del dispositivo, recibirá una pena privativa de libertad de hasta tres años o multa.
- En estos casos, también se castigará la tentativa.
El propósito es incautar bienes y decomisar bienes asociados al delito.
Por lo tanto, el proyecto tiene como medida establecer una pena privativa de libertad de hasta diez años de cárcel con multa complementaria para quienes sustraen energía de líneas de transmisión o puertos de almacenaje de media tensión o niveles superiores.
El presidente de la ANDE, Félix Sosa, informó sobre la existencia de 52 contratos legales de criptominería y explicó que la nueva legislación busca combatir la criptominería ilegal, que consume grandes volúmenes de energía sin pagar por ella. Durante el último año y los primeros cinco meses de este año, se han intervenido 40 instalaciones que consumían un total de 112,000 MW, causando pérdidas estimadas entre 50 y 60 millones de dólares anuales.
Segundo proyecto
El Gobierno sostiene que el segundo proyecto busca modificar varios artículos de Ley 6977/2023 con el que se regula “el fomento, generación, desarrollo y la utilización de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables no convencionales”. En este caso se introduce la normativa que hace relación al plazo de los contratos con los inversores, generadores, transportistas y exportadores de energías no convencionales con la Ande, que actualmente es de 15 años y lo que se quiere el aumentar a 30 años
Paula Carro resaltó que “se vio que era necesaria una modificación que asegure mayor interés de inversionistas del sector eléctrico”. Paraguay se encuentra en el foco de atención de inversionistas de todo el mundo, ya que las cargas impositivas son las más bajas del continente, según manifestaron los representantes del Gobierno.
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