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viernes, 22 de noviembre de 2024
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Debate entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre cumplimiento tributario para sacar pasaporte

Se produjo un fuerte debate entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional sobre la exigencia o no de un certificado de no adeudar impuestos para sacar un pasaporte en la Dirección de Identificaciones. El presidente, Santiago Peña, vetó una ley sancionada por el Poder Legislativo que exime al ciudadano de esa obligación.

El Congreso aprobó el proyecto de ley “Que deroga el inciso “F” del artículo 194 de la Ley 125/91, modificado por Ley 2421/04. Esta normativa obliga a contar con el certificado de no adeudar impuestos para la obtención del pasaporte. El fundamento del Congreso es que se viola el derecho constitucional del libre tránsito del ciudadano, por eso derogó la ley.

Un informe de la Cámara de Diputados, que coincide con la misma posición de la Cámara de Senadores, señala que es inconstitucional cercenar el derecho al acceso a un documento identificatorio como el documento internacional del pasaporte, en el entendimiento que impide el ejercicio del libre tránsito de entrada y salida del país, por un certificado de cumplimiento tributario.

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“Las autoridades no pueden negarse a expedir documentos identificatorios a los ciudadanos, como ser pasaporte o la cédula de identidad”, expresa, por otro lado, el fundamento del Senado.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo sostiene que no se viola la Constitución y que el requisito que exige un certificado de cumplimiento tributario al ciudadano es para que cumpla con su obligación de pagar impuestos. Al respecto, el director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Oscar Orué, señaló que si no se coacciona a los ciudadanos, éstos sencillamente no pagan sus impuestos.

Orué sostiene que se debe seguir con la coacción, que esta modalidad estuvo rigiendo hace más de 20 años y nadie promovió acción de inconstitucionalidad en contra.

Ahora el Congreso debe estudiar de nuevo el proyecto de ley y aún puede defender su postura. Las dos cámaras del Poder Legislativo pueden ratificar en sus posiciones y rechazar el veto; salvo que los legisladores hayan cambiado de opinión y acepte el veto presidencial.