El negocio lucrativo de las granjas de criptominerías ilegales, basado en el robo de energía de la ANDE, está causando graves daños a las arcas de la institución y, en consecuencia, a todos los contribuyentes de la República. Lo llamativo de la situación planteada es la impunidad y las tibias acciones de las instituciones para aplicar sanciones ejemplares a estos delincuentes.
Según datos proporcionados por la ANDE, se han presentado 64 denuncias por robo de energía relacionadas con operaciones ilegales de criptominería, pero sorprendentemente, solo hubo una condena hasta la fecha. Esta única condena, que se tradujo en penas mínimas para los responsables, es un claro reflejo de la falta de contundencia en la aplicación de la ley frente a este tipo de delitos.
El robo de energía perpetrado por estas operaciones ilegales tiene consecuencias directas para la población, manifestándose en cortes de luz y destrucción de equipos electrodomésticos.
El daño patrimonial causado por estas prácticas asciende a cifras alarmantes, estimado en 75 mil millones de guaraníes en un período de un año. A pesar de estas cifras exorbitantes, hasta ahora no hay una acción coordinada de todas las instituciones del Estado para abordar con seriedad y urgencia este flagelo.
Es preocupante observar cómo las penas aplicadas a los responsables de estos actos delictivos son desproporcionadamente bajas. En el único caso donde se produjo una condena, la pena fue de solo dos años de prisión, lo que significa que los involucrados ni siquiera pisarán la cárcel.
Es urgente que las autoridades tomen medidas contundentes para terminar con este descontrol. La complacencia y la falta de acción solo alimentan la impunidad y perpetúan un ciclo de ilegalidad que afecta no solo al sistema eléctrico, sino también a la economía y seguridad del país.
Es hora de que se apliquen sanciones ejemplares a todos los responsables de estas prácticas ilegales, desde los operadores de las granjas hasta los técnicos y electricistas implicados en su instalación. Lo más lamentable es que quienes salen realmente perjudicados son los usuarios, que sufren cortes de energía, destrucción de electrodomésticos y los daños terminarán pagando todos los contribuyentes, porque se trata de un robo a un bien del Estado Paraguayo.
En el Congreso, se encuentran en discusión tres proyectos de ley relacionados con la regulación de la criptominería. Los legisladores tienen la responsabilidad de aprobar con urgencia una legislación adecuada que ponga fin al carnaval de corrupción e ilegalidad que está dañando al país.
