En medio de una serie de denuncias, el presidente interino del Partido Encuentro Nacional (PEN), José Luis Torales, se encuentra en el ojo de la tormenta por presuntas irregularidades que involucran su doble rol como funcionario de la Contraloría General de la República (CGR) y su participación activa en la política partidaria, violando así el código de ética de los funcionarios de la Contraloría.
El código de ética, según lo mencionado por el contralor general de la República, Camilo Benítez, prohíbe a los funcionarios de la Contraloría activar en política de forma activa, limitándose únicamente a sufragar o estar afiliados a un partido político.
Sin embargo, diversas evidencias sugieren que Torales ha violado esta norma postulándose prime como candidato a concejales y posteriormente como candidato a diputado por su partido. Estas acciones, prohibidas por el código de ética, no fueron objeto de un sumario administrativo en su momento.
Pero el escándalo más grave que rodea al presidente interino del Partido Encuentro Nacional, es que el mismo venía cobrando doble salario, como funcionario de la Contraloría y como comisionado en Senadores, en el equipo de la senadora Kattya González.
El subcontralor Augusto Paiva, en un intento aparente de evitar un sumario para Torales, firmó una orden de traslado definitivo del funcionario a la planilla de la Cámara de Senadores, lo que ha sido interpretado como un intento de blanqueo de su situación. Este hecho generó cuestionamientos sobre la complicidad del subcontralor Paiva y del contralor Camilo Benítez Aldana, permitieron una situación irregular al no someter a Torales a un sumario por sus acciones anteriores.
Desde diversos sectores, se cuestiona la falta de acción por parte del Contralor Benítez Aldana, quien, hasta la fecha, no ha iniciado un sumario administrativo contra Torales, a pesar de las evidentes violaciones al código de ética y las denuncias de doble salario.
Tras conocerse la disposición del traslado definitivo, firmado por le subcontralor Augusto Pairva, el diputado, Rodrígo Gamarra, anunció que planteará en la reunión de bancada la posibilidad de iniciar un juicio político al subcontralor.
La situación se complica aún más con la denuncia de que Torales estaría cobrando tres asignaciones del Congreso, lo cual se considera cuestionable e incluso potencialmente irregular.
