Una nueva reunión del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná sesionará el 31 de octubre en Buenos Aires. Hay empresarios que quieren participar de las reuniones, pero las autoridades no dan lugar a la participación.
La Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP), entidad integrada por los usuarios de la vía navegable de los cinco países signatarios del Acuerdo de “Santa Cruz de la Sierra”, había solicitado participar de la misma, pero el pedido no fue concedido.
«Consideramos indispensable que los usuarios del canal navegable tengan la posibilidad de participar de tales eventos, especialmente porque la ineficacia de las obras realizadas en el tramo en cuestión, es el resultado del proceso de extensión del contrato de concesión del sector sur, de la Vía Navegable Troncal (Desde el Km 460 hacia el mar). Tanto el río, como la navegación, tienen características completamente distintas en ambos tramos y no se ha logrado encontrar un diseño de obras y servicios que den cuenta de estas diferencias y logren el resultado de facilitar la navegación», señaló la CPTCP.
«La participación de los usuarios y expertos en el rio, permitirá identificar los obstáculos a la navegación y crear la instancia técnica y diseñar las soluciones tecnológicas, acorde a los tiempos actuales», agregan.
El reclamo de los empresarios transportistas de la Cuenca del Plata fue divulgado por el periódico digital Rosario.3.com y señala que el gremio mencionado reclama su participación.
Este año el gobierno argentino procedió a instrumentar el cobro de un peaje de 1,47 dólares por tonelada de registro neto al transporte de cabotaje que circule por el tramo “Puerto de Santa Fe-Confluencia” de la Hidrovía. El argumento oficial es que durante más de una década el Estado y los privados argentinos subsidiaron un servicio de balizamiento que, casi en su totalidad, es utilizado por navieras paraguayas.
La decisión fue rechazada por el empresariado y los países de Paraguay, Brasil y Uruguay. En tanto, el sector privado argentino respaldó la postura del gobierno de cobrar el servicio, pero aseguró que el valor es excesivo, ya que lo calcularon en 0,66 dólares, señala la publicación del citado periódico.
