No es novedad que la penitenciaría de Tacumbú sea una bomba de tiempo. De hecho, es una bomba que ya ha explotado varias veces. Debemos recordar como antecedente más cercano el violento motín de febrero de 2021, cuando siete reos fueron asesinados, tres de ellos decapitados. Lamentablemente, estos violentos eventos son recurrentes, y hasta parecería ser inevitables en esta cárcel.
Hoy, nuevamente Paraguay se ve sumido en la incertidumbre a raíz de los disturbios que estallaron en la cárcel de Tacumbú, una de las prisiones más grandes del país. Este incidente ha puesto de manifiesto problemas sistémicos en el sistema penitenciario paraguayo y deja a la sociedad clamando por una solución a largo plazo. Parecería ser que las cárceles en nuestro país son un negocio, encabezado por grupos criminales y la casi obvia complicidad de los encargados.
Los incidentes graves parecían inminentes. La tensión indicaba claramente que la cuestión no terminaría bien. Se produjeron incendios y disparos; hubo toma de rehenes. Todo como si se tratase de una película en la que la cruda realidad nos pone en lugar de los protagonistas, sin embargo, todo esto es real.
Aquellos que verdaderamente tienen hoy el control se encontraban anoche en el techo de Tacumbú. Delincuentes y criminales que tomaron la cárcel luego del motín subieron hasta lo más alto del edificio como muestra de su posición. Lamentablemente, quienes manejan las penitenciarías en Paraguay son los propios reclusos y sus asociados desde la clandestinidad. Las autoridades carecen de autoridad en el sistema penitenciario paraguayo y hasta ahora han perdido la batalla.
Luego de este incidente, las cosas deben cambiar, y el cambio debe ser rotundo y definitivo. Como primer paso, se debe retirar el poder a los grupos criminales que manejan a su antojo las cárceles. El mandato del clan Rotela y el PCC deben ser desterrados de las cárceles sin contemplaciones y de manera inmediata. Sin este paso previo, la famosa reforma penitenciaria que se pretende instalar hace años no tendrá cabida.
Este tipo de motines se han estado cocinando a fuego lento durante décadas como consecuencia de que los gobiernos han cedido terreno a las asociaciones criminales; mediante acción u omisión existe una complicidad inexcusable. Hoy, la excusa es un entredicho respecto a lo que habría ocurrido con un reo, y las manifestaciones del actual Ministro de Justicia. Sin embargo, es inevitable pensar si existe un motivo oculto en la sombra que proyectan los criminales que conducen los hilos de nuestras cárceles.
Es indispensable erradicar la corrupción, que juega un papel importante en la agitación. La presencia de grupos criminales que operan desde dentro de las cárceles ha exacerbado históricamente la violencia y la inseguridad tanto dentro como fuera de las instalaciones. La corrupción entre funcionarios penitenciarios y el tráfico de drogas y armas dentro de la cárcel contribuyen a la creación de este entorno atroz.
La respuesta del gobierno a esta crisis no puede demorar. No hay oportunidad de dar una respuesta que no sea enérgica, con movilización de fuerzas de seguridad y la detención de reclusos involucrados en el motín. Tampoco debe haber oportunidad para negociar con estos grupos criminales. Abordar los problemas de fondo corresponderá a la siguiente etapa.
La sociedad paraguaya exige una revisión integral del sistema penitenciario y, como consecuencia, una verdadera reinserción social y rehabilitación de reclusos, con el objetivo de reducir la reincidencia delictiva. Este nuevo estallido en la cárcel de Tacumbú debe ser el último llamado de atención para las autoridades, quienes deben comprender que no se trata simplemente de contener un motín, sino de reformar profundamente un sistema que está en crisis. La seguridad y la justicia no pueden lograrse sin un sistema penitenciario funcional. Paraguay necesita tomar medidas concretas para garantizar el cumplimiento de la ley y trabajar en la rehabilitación y la reinserción social. Solo así se podrá apagar el permanente incendio de nuestras cárceles.
