El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, había pedido al Congreso Nacional que el presupuesto general del Estado para el próximo año sea aprobado «a libro cerrado» e inclusive había dicho que el Poder Ejecutivo instó a las instituciones a que no hagan lobby individual con los congresistas para pedir aumento o modificación. Este pedido no corre en el Congreso.
La Comisión Bicameral del Congreso Nacional ya recibió a más de 10 representantes de instituciones del Estado para pedir la modificación del presupuesto para el 2024. Lo confirmó su propio presidente, el senador Derlis Osorio. Éste dijo que suman USD 306 millones los pedidos de aumento por parte de las instituciones para el 2024 y que la mayoría de los casos son para subas salariales.
El tema no pasa sólo por permitir a las instituciones el ejercicio del derecho a la petición sino porque en el Congreso hay políticos que también tiene su gente para ubicar en algún puesto público, sea allegados, familiares, recomendados, operadores políticos o clientela política; los cuales un presidente de la República no podrán impedir.
En este contexto, no solamente instituciones que tienen dependencia directa del Poder Ejecutivo van a la citada comisión sino también el Poder Judicial y el Ministerio Público, donde también muchos funcionarios ingresan por recomendaciones políticas, más que por el currículum.
Según Osorio, la Corte pidió USD 137 millones para ajustes salariales e inversiones en construcciones; la Fiscalía pidió un aumento de USD 58 millones; la UNA solicitó 97 millones, las sedes universitarias del interior USD 9 millones y el Ministerio de Defensa, USD 4.500.000. Asi citó a varias instituciones que fueron recibidas por la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso.
Y Osorio agregó: la Comisión seguirá recibiendo a representantes de instituciones hasta el 15 de octubre.
Además, en las instituciones públicas no cayó bien la decisión del presidente Peña y de su ministro de Economía, Carlos Valdovinos, de que solamente el presidente y los ministros del Poder Ejecutivo tengan aumento salarial y no el resto de los funcionarios del país.
