En las últimas horas, se han llevado a cabo allanamientos en Ciudad del Este. Agentes fiscales se han presentado con las respectivas órdenes judiciales para verificar y recopilar documentos con el fin de confirmar su hipótesis: un nuevo caso de «mega evasión». Al hablar de asuntos como este, no podemos evitar recordar el último caso similar, en el que inicialmente se investigaron 285 empresas en relación con lo que se conoció como el «caso de mega evasión» en Ciudad del Este en 2016. Evidentemente, este negocio ilegal sigue siendo rentable para sus perpetradores, ya que se volvió a confirmar el mismo hecho en el mismo lugar.
Agentes fiscales y policiales intervinieron mediante la ejecución de allanamientos en Ciudad del Este, Hernandarias y Presidente Franco; específicamente, en estudios contables que lideraban este esquema. La búsqueda se ha centrado en facturas ficticias creadas con el único propósito de evitar el pago de impuestos.
El Ministerio de Hacienda fue la institución que presentó la denuncia. Según las investigaciones realizadas por sus funcionarios, existen varias «empresas de fachada» que emiten facturas falsas, lo que configura la evasión fiscal en períodos que abarcan desde 2017 hasta 2021 y de 2021 a 2022. Se estima que la evasión asciende a alrededor de 100.000 millones de guaraníes. Según Oscar Orué, Director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, estas firmas habrían ocasionado una pérdida de aproximadamente 80.000 millones en las arcas estatales.
La evasión fiscal es un problema global que afecta a muchas naciones, y Paraguay no es la excepción, convirtiéndose en un negocio sumamente lucrativo. Si bien debemos reconocer el trabajo realizado por el Ministerio de Hacienda y los agentes fiscales, no podemos ignorar la gravedad de la situación ni la magnitud del problema. Además, debemos tener en cuenta que, sin una condena futura, todas estas acciones podrían quedar en vano.
Se estima que el país pierde miles de millones de guaraníes anualmente debido a esta práctica ilegal. Esta pérdida de ingresos fiscales tiene un impacto directo en la capacidad del gobierno para financiar servicios esenciales como educación, salud, infraestructura y seguridad.
Las causas son diversas. El sector informal representa un alto porcentaje de la economía paraguaya, donde las actividades no están registradas ni gravadas, lo que dificulta la recaudación de impuestos. La corrupción también puede facilitar la evasión fiscal al permitir que empresas y personas influyentes eviten sus obligaciones tributarias. No podemos descartar la posibilidad de que funcionarios estatales de todos los niveles estén involucrados. Las investigaciones también deben dirigirse hacia los funcionarios públicos responsables de los controles. La falta de regulaciones sólidas y la supervisión inadecuada pueden permitir que los evasores encuentren lagunas legales o utilicen tácticas de elusión fiscal.
Sin embargo, no solo las entidades estatales son responsables, sino también gran parte de la ciudadanía. Existe una falta de conciencia tributaria, y la falta de educación tributaria y la percepción de que los impuestos recaudados se destinan únicamente a los salarios de los funcionarios públicos son factores que fomentan la evasión fiscal.
Es urgente tomar medidas concretas para abordar este problema. La supervisión debe ser estricta, se deben fortalecer las agencias de recaudación, promover la educación tributaria y legislar de manera más rigurosa. Debemos instar y apoyar las iniciativas del Ministerio de Hacienda y del Ministerio Público, exigiendo al mismo tiempo que todos los obligados al pago de impuestos lo hagan sin excepciones ni favores, ya que al final, como se suele decir, de la muerte y los impuestos, nadie se escapa.
