En su informe presentado ante el Congreso Nacional, la Contraloría General de la República (CGR) reveló una serie de irregularidades en la evaluación financiera del Instituto de Previsión Social (IPS). El informe, que consta de diez tomos y contiene más de 4.000 evaluaciones financieras de entidades públicas.
Una de las principales irregularidades que resalta el informe es la detección de un monto superior a G. 1 billón que carece de documentos respaldatorios adecuados. Esta situación ha sido calificada por el Contralor General Camilo Benítez como «la más emblemática» dentro del informe. Benítez subrayó que, durante el proceso de consulta sobre los pagos realizados, se encontraron deficiencias en la documentación que respalda este monto.
Además, se ha señalado una discrepancia significativa entre la deuda reportada en el balance del IPS y la deuda que afirman tener los proveedores farmacéuticos con la institución previsional.
Según se explica en el informe, la auditoría de Fiscalización Especial Inmediata (FEI) reveló un monto aproximado de G. 500.000 millones en diferencia entre lo que se registra en los libros del IPS y lo que alegan los proveedores. Esta divergencia fue obtenida a través de un análisis cruzado de datos, ya que el IPS presentó obstáculos para proporcionar la documentación solicitada por la Contraloría. Para obtener información precisa, fue necesaria incluso una orden judicial.
El Contralor General Camilo Benítez presentó el informe en el Congreso Nacional y destacó que, además del IPS, otras instituciones del Estado, como el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación (MOPC), también presentaron deficiencias financieras que podrían ser consideradas como actos de corrupción.
En relación al MEC, Benítez resaltó la necesidad de revisar la utilización de recursos destinados a programas como el almuerzo escolar y los kits escolares durante la última década, señalando posibles fallos en la ejecución de la Ley de Fonacide.
