En nuestro ordenamiento jurídico, la fiscalía forma parte de la columna vertebral que sostiene gran parte de la administración de justicia. Los fiscales son el brazo ejecutor de las políticas que pretenden mantener vigente el estado de derecho.
En este contexto, la solicitud de aumento presupuestario por parte del Ministerio Público en Paraguay merece una atención cuidadosa. Debemos explorar las razones detrás de esta solicitud y la importancia de respaldar financieramente a una institución vital para la seguridad jurídica y la lucha contra la impunidad en el país.
El Fiscal General del Estado se ha reunido con comisiones del Congreso, a quienes argumentó el pedido de aumento del 65% del presupuesto asignado en la actualidad. Se encuentra en manos de los senadores, quienes finalmente resolverán la suerte de órgano extrapoder.
El Ministerio Público desempeña un papel crucial en la prosecución de delitos y la defensa de los intereses públicos. Cotidianamente la sociedad critica la ausencia de autoridades encargadas de repeler y castigar hechos punibles. Al respecto, el Fiscal General solicita el incremento presupuestario, en parte, para acrecentar el número de fiscales, incluso los adjuntos.
Es claro que esto mejorará la capacidad institucional para llevar adelante investigaciones y enjuiciamientos efectivos. El aumento presupuestario solicitado se traduciría en recursos adicionales para la contratación de personal capacitado, la mejora de la infraestructura y la adquisición de tecnología moderna, todos elementos que fortalecerían la capacidad del Ministerio Público para cumplir con su mandato de manera eficaz y a la medida que lo requiere la actualidad nacional.
La falta de recursos adecuados puede ser una barrera significativa en la lucha contra la impunidad. La capacidad de investigar y enjuiciar casos complejos y sensibles se ve directamente afectada por la disponibilidad de fondos. Un aumento presupuestario permitiría al Ministerio Público tomar medidas más contundentes contra la corrupción, el crimen organizado y otros flagelos que amenazan la estabilidad y seguridad del país.
Un aumento en el presupuesto del Ministerio Público podría traducirse en una mayor presencia en zonas remotas o desfavorecidas, asegurando que todas las personas, sin importar su ubicación geográfica o su condición socioeconómica, tengan acceso a una justicia imparcial y efectiva.
Esta inversión no solo redundaría en la justicia, sino también en transparencia y rendición de cuentas. Una institución fuerte y bien financiada es menos susceptible a influencias externas y agentes corruptos; capaz de operar de manera independiente, garantizando así la imparcialidad en la persecución de casos y la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
El aumento presupuestario no solo es una cuestión financiera, sino una inversión en la justicia, la seguridad y el bienestar de la sociedad. Apoyar financieramente a esta institución es un paso necesario para fortalecer el estado de derecho y garantizar que la justicia prevalezca. Es un recordatorio de una lucha de larga data, recordatorio de que una sociedad equitativa y justa depende de una inversión adecuada en las instituciones que velan por nuestros derechos y valores fundamentales.
