Más de un centenar de jueces y otros tantos fiscales y defensores públicos pueblan hoy las listas de operadores judiciales que han decidido dimitir para acogerse en la mayoría de los casos a la jubilación. Un éxodo que, ahora admiten los altos mandos del Poder Judicial, está poniendo en crisis a la propia administración de justicia y, por extensión, a la institucionalidad de la República. En el caso de los jueces y juezas, son más del 15 por ciento de los cargos existentes en todo el país, lo que señala la magnitud de esta sangría que no tiene parangón en la historia institucional de un Poder cuya esencialidad en la República es indiscutible.
¿Por qué está sucediendo esto? Aunque los hacedores de las políticas públicas quizás no quieran verlo, las motivaciones de estas dimisiones podrían estar vinculadas a un sostenido y crónico proceso de deterioro y degradación que se ha cernido sobre la magistratura judicial en los últimos años. Esa alta dignidad en materia de servicio público, reconocida como fundamental en el marco constitucional, se ha visto resquebrajada y zaherida por la falta de atención adecuada en los ámbitos naturales de la República, y peor aún, ha sido sometida a los vaivenes y tormentas de la politiquería en un campo de batalla que enfrenta caprichos, ambiciones desmedidas, contubernios políticos y disputas de tipo feudal en el sistema judicial y más allá de él.
A esto se suma la falta de liderazgos claros en materia de políticas públicas y del propio gobierno del Poder Judicial, que añade más incertidumbre a los ya existentes temores de los magistrados de verse afectados por las disputas políticas o las incongruencias generadas en regímenes disciplinarios que terminan socavando la dignidad de la magistratura, en muchos casos, reduciéndolos a meros empleados regidos por controles formales y no esenciales en función al papel que cumplen.
La advertencia escuchada en una de las sesiones de la Corte en el sentido de que se deberían buscar «soluciones» al tema por el lado de mayor rigurosidad en la concesión de las jubilaciones no hace sino pensar que la tormenta de renuncias se agravará. El garrote no es buen consejero si se pretende regir un Poder en el que la dignidad y el profesionalismo deben ser cuidadosamente respetados y valorados. Para mentecatos, paniaguados y obsecuentes ya hay otras instancias y ámbitos.
En suma, las renuncias de magistrados y magistradas para acogerse a un sistema de jubilación que hoy les resulta una salida digna, deben mirarse y ser evaluadas con mayor seriedad. No se van solamente porque «quieren y tienen la opción de la jubilación». Se van, muy probablemente, porque ya quedaron decepcionados por la situación laboral, por la sobrecarga de trabajo, por el atropello institucional a su dignidad, por la desazón ante la falta de liderazgos, por la incapacidad de una vida digna con salarios no adecuados en una función que le impide otro tipo de ingresos. Se van probablemente cansados de no ser escuchados y hasta de no ser atendidos en sus reclamos hechos decorosamente mientras otros sectores logran imponer sus reivindicaciones a fuerza de presión social y hasta extorsión política.
La Justicia está en crisis. Y la República requiere de gente con inteligencia, liderazgo y humanidad para enfrentar esta crisis que tiene que ver con personas, con dignidades humanas… no sólo con números o estadísticas.
