La Corte Suprema de Justicia ordenó la realización de auditoría a la gestión de la jueza, Norma Salomón, cuyo esposo, el abogado Farid Gustavo González, fue detenido e imputado por extorsión y tráfico de influencias, por pedir dinero a cambio de favores a una persona detenida por violencia familiar. La Fiscalía pidió prisión de cárcel para González y la jueza penal de garantías, Rosana Carvallo, ordenó sólo prisión domiciliaria.
A pedido del ministro de la Corte, Eugenio Giménez Rolón, superintendente de Justicia del Departamento Central, la Corte resolvió hacer la auditoría al Juzgado de Salomón, que es el Juzgado Penal de Garantías de la ciudad de Capiatá. El propio ministro Giménez Rolón envió una nota a la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional para los trámites pertinentes.
Además, el ministro Giménez solicitó al presidente del Consejo de Superintendencia, doctor César Diesel, la instrucción de sumario administrativo al abogado Farid Gustavo González. Según la Fiscalía, éste se encargó de pedir 30 millones de guaraníes a un proceso por violencia doméstica. La Fiscalía se incautó el vehículo en que González iba a retirar el dinero y constató que el vehículo estaba a nombre de la magistrada. Asimismo se incautó también del teléfono celular de González.
Paralelamente, se discute la situación de González, cuya prisión domiciliaria ordenó la jueza Rosana Carvallo. Según la jueza, le otorgó a González prisión domiciliaria porque la Fiscalía no dio elementos suficientes para justificar el peligro de fuga, que es un requisito para la prisión en la cárcel. Además, la Fiscalía imputó a González por extorsión y tráfico de influencias; pero la jueza citada sólo admitió la imputación por extorsión.
La Fiscalía investiga el contenido del celular de Farid Gustavo González, marido de la jueza de Capiata, Norma Salomón. González fue detenido por pedir dinero para que la magistrada facilite la solución a una persona denunciada por el delito de violencia familiar. Si el detenido es el esposo, ¿tiene algo que ver la jueza? La prueba puede salir del celular o del auto incautado, según la investigación preliminar de la Fiscalía.
LA DETENCIÓN
Mediante el mecanismo de entrega vigilada, la Policía detuvo a Farid Gustavo González Ledesma, por supuesto hecho punible de extorsión. González supuestamente pidió dinero a cambio de acuerdos judiciales en el caso penal.
La intervención estuvo a cargo del fiscal, Joel Cazal y ahora pasa a cargo del fiscal, Federido Delfino, debido a que el primero tiene otra función asignada. Cazal consideró que los datos del teléfono serán fundamentales para encontrar vínculos entre la persona procesada, el esposo y, eventualmente, la jueza; pero para qué ir lejos: el automóvil está registrado a nombre de la jueza, Norma Salomón y su esposo fue a buscar el dinero con este vehículo, según la investigación fiscal.
En consecuencia, en la tarde del sábado, 5 de agosto, la Fiscalía imputó a Farid Gustavo González por tráfico de influencias y extorsión. La polémica ahora es que la jueza de turno, Rosana Carvallo, no hizo lugar a la imputación por tráfico de influencias. Según la magistrada, la ley no incluye a una persona particular en la tipificación del delito de tráfico de influencias. Sin embargo, la Fiscalía opina lo contrario. El fiscal, Federico Delfino, estudia el caso, y debe decidir si apela o no.
El viernes último, la Policía y la Fiscalía montaron el operativo llamado «Astrea» y llevaron a cabo el mecanismo de entregada vigilada del dinero. Así cayó el supuesto extorsionador, el esposo de la jueza Salomón. Primero pidió 30 millones a la víctima, pero como éste no tenia, fue bajando. En la imputación figura solamente 13.800.000 guaraníes.
