El senador colorado, Erico Galeano, logró suspender la audiencia que estaba prevista para este viernes 4 de agosto con la promoción de dos acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
Primero, el juez del crimen organizado, Gustavo Amarilla, quiso convocarlo a una audiencia, luego Galeano apeló, luego se rechazó la apelación y ahora Galeano acciona contra ese rechazo y, así, sigue el mecanismo procesal para alargar el proceso y evitar que el juez haga la audiencia y dicte orden de prisión preventiva en su contra. (Imagen: Unicanal).
En el jerga judicial se habla de chicanas al recurrir a este tipo de procedimientos, aunque muchos abogados sostienen que es legal recurrir a esos procedimientos y que no cometen irregularidad alguna. Según el ministro de la Corte, Víctor Ríos, muchos abogados se consideran exitosos recurriendo a las chicanas.
En términos más estrictos, jurídicamente, la defensa de Erico Galeano promovió acciones de inconstitucionalidad contra los fallos que rechazaron las excepciones de falta de acción y de incompetencia jurisdiccional. Estas excepciones deben resolverse primero para que se pueda realizar la audiencia.
La defensa del senador Erico Galeano comunicó la promoción de las dos acciones de inconstitucionalidad al juez de Crimen Organizado Gustavo Amarilla. Además, pidió la suspensión de la audiencia porque no está firme la competencia del magistrado.
El mesa pasado, el juez, Gustavo Amarilla, fijó audiencia para el senador, Erico Galeano, para el 4 de agosto a las 8, tras recibir notificación del Congreso Nacional sobre el desafuero del legislador. Galeano está procesado por lavado de dinero y asociación criminal, según el expediente que abrió el magistrado.
De entrada nomás, la Fiscalía solicitó prisión preventiva de Galeano; pero el juez no puede expedirse al respecto, porque la defensa apeló, presentó incidentes y ahora, también promovió acciones de inconstitucionalidad. Entonces, logró trabar todo el proceso.
Galeano está procesado en el caso conocido como A Ultranza Py, debido a que se descubrió que un inmueble de su propiedad fue presuntamente utilizado para simular una compraventa, con supuesto dinero proveniente del crimen organizado. Además, una aeronave, también de su propiedad, fue usada en al menos cinco ocasiones para el presunto traslado de cocaína, según la sospecha que tiene la Fiscalía.
