La Corte Suprema de Justicia resolvió este miércoles remitir al Consejo de Superintendencia los antecedentes de la escribana, María De Lourdes Duarte, que está imputada por presunto lavado de dinero y otros delitos. Supuestamente, ella forma parte del esquema de aprietes de Ramón González Daher, actualmente en prisión.
El ministro de la Corte, César Garay, pidió al pleno de la Corte que ordene un sumario administrativo y la suspensión de la escribana Duarte. Entonces, el pleno giró el pedido al Consejo de Superintendencia, integrada por el presidente y vicepresidentes del máximo tribunal, y resolvió «encomendar la instrucción de sumario administrativo a la NP María de Lourdes Duarte Franco, titular del Registro Notarial N° 509, con asiento en la ciudad de Asunción, a fin de esclarecer los hechos denunciados».
La escribana, Maria De Lourdes Duarte, se encuentra en un grupo de personas imputadas por el fiscal, Luis Said, titular de la Unidad 4 Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. Ella está imputada con Roberto Alejandro Garcete Cano, ex presidente del Club Resistencia; los hijos de éste, Roberto Damián Garcete Rodríguez y Fabiana Soledad Garcete Cano; y la esposa de Garcete, Lida Concepción Cano por los supuestos hechos de lavado de dinero, asociación criminal y usura.
Según la investigación fiscal, en el 2013, Miguel Eladio Britos y sus hijas María Laura Britos y Rossana Britos habían solicitado un préstamo de G. 200.000.000 a Roberto Damián Garcete Rodríguez. Las dos personas antes citadas tenían cuenta que pagar, con la garantía de un inmueble que se encontraba hipotecada.
Garcete dio el préstamo pero exigió a los Britos que pongan también como garantía el mismo inmueble. Entonces, acordaron ir junto a la citada escribana. Luego, resultó que la escritura pública se trataba de la venta del inmueble.
En el 2014, Garcete le llevó a Britos a la oficina de González Daher y éste le dio 30 días de plazo para que abandone la vivienda. Luego hizo ese mismo año otra reunión con los Britos y González Daher, y allí Garcete se encargó de decirles que si querían recuperar su casa debían pagar la suma de G. 2.257.440.000, siempre según datos de la Fiscalía.
La Fiscalía imputó a la escribana y a Garcete Rodríguez con las mencionadas personas de la familia de éste.
Según la información que tenía el ministro Garay en su poder, la escribana está imputada por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso (autora), producción mediata de documentos públicos de contenido falso (autora), uso de documentos públicos de contenido falso (autora), declaración falsa (autora) y asociación criminal (autora).
En consecuencia, solicitó el sumario en contra de la citada profesional y su suspensión como tal por las graves sospechas en su contra.
